Los enfermos pagarán cinco euros por los trayectos en ambulancia

El transporte gratuito en ambulancia no de urgencia tiene fecha de caducidad. El Gobierno ultima el texto de la orden que presentará el próximo jueves en el Consejo Interterritorial de Salud, en la que establece un pago mínimo de cinco euros por viaje que no sea de urgencia, desembolso del que solo se libran, en principio, los afectados por el síndrome tóxico (afectados por la colza contaminada), los discapacitados con prestaciones sociales especiales, los enfermos con ingresos muy limitados y los pacientes en traslados entre hospitales.

Esta novedad se debe a que Ministerio de Sanidad incluyó el pasado mes de abril este transporte en la cartera de servicios suplementarios, por lo que queda afectado por el llamado copago por el paciente. En principio, el pago deberá realizarse en todos los traslados por altas hospitalarias y en el caso de enfermos crónicos que requieran asistir a tratamientos periódicos, oncología, hemodiálisis o rehabilitación. El servicio de urgencia seguirá siendo gratis.

El traslado en ambulancia no urgente requerirá, como ocurre ahora en la mayoría de las comunidades autónomas, de la autorización por el médico, de lo contrario el servicio puede cobrarse al enfermo y este, para distancias de unos cinco kilómetros, es mucho más costoso que un desplazamiento en taxi o eurotaxi. El borrador de la orden ministerial fija que el copago será en función de la renta. Así, el precio fijado por viaje es de 50 euros, de los que el paciente pagará el 10%, lo que supone cinco euros por cada trayecto.

Además, establece un tope a pagar en función de la renta. Así, las personas que perciban más de 100.000 euros anuales tendrán que desembolsar un máximo mensual de 60 euros; los que ganen de 18.000 a 100.000 abonarán 20 y los de menos de 18.000, así como los funcionarios, 10 euros. Si el número de traslados mensuales supera esas cantidades, el enfermo no tendrá que pagarlas. En el caso de que el paciente tenga que recibir un tratamiento de más de tres meses, en el que requiera visitar el hospital al menos cuatro veces por semana, se aplicarán los baremos de renta pero, en lugar de ser un pago mensual, este será semestral.

Tendrán que pagar los traslados no urgentes todas las víctimas de accidentes de tráfico y laborales, como ya se practica en algunas comunidades autónomas. En esta situación, el coste real del viaje corre a cargo de las compañías aseguradoras o de las mutuas del trabajo, según el caso.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, quiso minimizar la medida, recordó que era un «borrador» y explicó que fueron los técnicos de las comunidades autónomas «los que han hecho la propuesta». Preguntada por este sistema, Mato indicó que será el Consejo Interterritorial el que tenga la última palabra. «Lo importante es que el transporte sanitario urgente no tendrá ninguna aportación, las personas que tienen las rentas más bajas tampoco tendrán que aportar nada y el resto lo hará en función de la renta», añadió.

«Injusto»

Desde el PSOE se reclamó la retirada inmediata del borrador. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, calificó la medida de «agresión a los enfermos y a la sanidad pública». Según dijo, el transporte en ambulancia no urgente «es vital, sobre todo para los enfermos crónicos», de manera que consideró «profundamente injusta» la medida, que representa «un nuevo desembolso y una barrera real para los más vulnerables».

Jiménez denunció que el Gobierno del PP «penaliza al enfermo». Por ello, el PSOE «rechaza cualquier tipo de copago, por lo que supone de cambio cualitativo en el modelo de acceso a la sanidad, tanto a los fármacos como a los servicios, lo que genera inequidad y desigualdad entre los ciudadanos».