El mundo judicial pide en bloque la marcha de Gallardón por «privatizar la Justicia»

El mundo judicial en bloque salió ayer a la calle para pedir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dimisita por llevar a cabo una serie de reformas encaminadas a «privatizar el acceso a la Justicia y no preocuparse de los verdaderos problemas» de la administración judicial.

En unas concentraciones sin parangón llevadas a cabo en juzgados y tribunales de toda España, en las que se corearon durante una hora cánticos contra el ministro, éste salió al paso con nuevas acusaciones a los privilegios de los jueces, a los que recordó que tienen que ser consecuentes y compartir los esfuerzos económicos de los ciudadanos en general en vez de ser una casta eximida de los recortes

Los paros parciales y las concentraciones tuvieron un nutrido seguimiento en los juzgados ordinarios y en las audiencias provinciales, pero fueron casi invisibles en las altas instancias judiciales, como los tribunales superiores autonómicos, Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, dada la dificultad para cuantificar el éxito o el fracaso de la protesta, la comisión convocante, compuesta por siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales, se mostró satisfecha con el resultado de la iniciativa porque sus reivindicaciones sumaron adeptos en todo el sector judicial: abogados, secretarios judiciales, funcionarios de los juzgados, procuradores o consumidores. El grito, creen, llegó al despacho del ministro en la calle San Bernardo de Madrid.

En todas las capitales se congregaron cientos de funcionarios y abogados que portaron pancartas y leyeron manifiestos de apoyo al acceso gratuito de la Justicia. Los lemas más repetidos fueron «Gallardón dimisión», «No a las tasas judiciales, por una Justicia para todos», «RIP Justicia» o «Los trabajadores no somos un número».

Ante la rotundidad de la protesta, el sindicato de funcionarios CSIF advirtió al ministro de Justicia de que el paro fue «un primer aviso» y reiteró la necesidad de abrir las mesas de negociación si no quiere que las movilizaciones vayan en aumento. Como aperitivo a una huelga que cada vez cobra más cuerpo, el 20 de diciembre está programado un apagón informático y en enero se ha convocado una gran manifestación en Madrid. «El ministro no debe olvidar a los cerca de 70.000 trabajadores de la administración que permiten que la Justicia funcione», avisó su portavoz, Francisco Lama.

Contraataque

Pero parece que para Ruiz-Gallardón estas advertencias son cantos de sirena porque volvió a contraatacar ayer con duras acusaciones a los jueces y con un mensaje claro al sector judicial: «Gobernar, a veces, es repartir dolor».

El ministro insistió en la cadena Cope que los magistrados están disgustados por perder la paga extra de Navidad y ver reducidos de 18 a 12 sus días de permiso. Hurgó además en la herida abierta con su denuncia de que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura le pidió por carta subir las tasas, y añadió que no solo reclamaron el incremento sino que lo hicieron para que ese dinero financiara un plan de pensiones para ellos.

Se trata de un documento entregado a principio de legislatura en el que la APM, según Gallardón, planteó un sistema de incentivos para los jueces por productividad y un plan de pensiones que garantizara en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado. «Ahí se ha producido una diferencia, ya que preferimos destinar las tasas a financiar la justicia gratuita», señaló el ministro.

Y con este fuego cruzado abierto con el colectivo mayoritario de la carrera judicial, que por ahora ha evitado el cuerpo a cuerpo con el titular de Justicia, el resto de asociaciones aprovecharon para desmentir a Gallardón y cargar contra su interpretación económica del malestar de los magistrados.

Ángel Dolado, portavoz del Foro Judicial Independiente y juez decano de Zaragoza, negó que las protestas respondan a una causa laboral, sino que obedecen a un plan de reformas que ha chocado con todo el mundo judicial. Por su parte, el representante de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, aseguró que Gallardón «ha perdido los papeles y se sitúa fuera de la realidad porque sus insinuaciones son injustas, torpes y maliciosas». Para Bosch el ministro debe dimitir porque ya no es un interlocutor válido.

Al frente de las pancartas también se puso Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, que el martes se fue molesto de una comida donde intervenía el ministro porque este vinculó el exceso de letrados en España a la alta litigiosidad. «Es una desgracia que opine esto porque el único responsable es el Gobierno», dijo.

Así las cosas, el sentir general del paro fue que se ha dado el primer paso para ulteriores movilizaciones, con una previsible huelga en enero.