Alquileres entre 150 y 400 euros para las familias desahuciadas

Las familias desahuciadas podrán optar a una vivienda social con un alquiler entre 150 y 400 euros mensuales, según confirmó el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, en el Congreso de los Diputados. Esas viviendas procederán de las entidades financieras que manden sus activos inmobiliarios al 'banco malo'. Los bancos solo pueden derivar a la Sareb las viviendas cuyo valor reconocido supere los 100.000 euros; por lo tanto, las que estén por debajo serán las que integren el fondo social. Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento, Catalá explicó que ya hay 6.000 pisos disponibles y que «todas las viviendas de las nacionalizadas que no entren en la Sareb irán al fondo».

Esta es una de las medidas para impulsar un parque público de viviendas de alquiler social. Pero el secretario de Estado expuso también las líneas del nuevo Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. Tras denunciar que, con la Renta Básica de Emancipación puesta en marcha por el Gobierno socialista en 2007, el 25% de los alquileres con ayudas superaban los 630 euros al mes y algunos incluso los mil euros, Catalá anunció que se pondrá un límite a la cuantía de los alquileres que podrán recibir ayudas públicas para no subvencionar alquileres elevados. Además, esas ayudas se otorgarán teniendo en cuenta los ingresos de la unidad familiar y no la renta individual. Y, como tercera reforma, la ayuda al alquiler será un porcentaje del importe y no una cuantía fija para evitar, dijo el secretario de Estado, que se reciba más dinero de lo que pueda costar el arrendamiento. En el borrador del plan, el límite para poder obtener las ayudas al alquiler se sitúa en tres veces el Iprem, eso supone que serían solo para familias con ingresos no superiores a 1.600 euros al mes, pero el dato no es definitivo. El porcentaje de ayuda podría alcanzar el 50% del alquiler y las comunidades autónomas tendrían capacidad de introducir coeficientes correctores, de acuerdo con el borrador del plan.

El Gobierno de Mariano Rajoy eliminó la Renta Básica de Emancipación para nuevos solicitantes y la limitó a 210 euros mensuales a los que ya la tenían. Para el número dos de Fomento, la ayuda a la emancipación diseñada por el PSOE provocó una gran «desigualdad» y pudo llevar a «inflar» los precios del alquiler al contar los propietarios con que los inquilinos recibirían dicha ayuda.

El nuevo plan no contempla ayudas a la adquisición de viviendas, al contrario de lo que sucedió en los últimos años cuando en el periodo entre 2008 y 2011 se destinaron 1.720 millones de euros a fomentar la compra frente a los 337 millones en subvenciones al alquiler.

Situación preocupante

El acento se pondrá también en la rehabilitación y regeneración urbana. Como en otras áreas, el Ministerio de Fomento busca la mayor participación del sector privado. Para ello, flexibilizará las regulaciones existentes, eliminando cargas urbanísticas y permitiendo que las empresas obtengan ingresos colaterales que permitan la financiación de las obras y reduzcan la aportación de la administración y de las familias. Esos ingresos pueden llegar a proceder de la explotación de locales en los edificios rehabilitados o regenerados. Asimismo, se promoverán operaciones de gran tamaño que permitan a las empresas obtener economías de escala que les haga rentable la inversión.

En España, el porcentaje que representa la inversión en rehabilitación se sitúa en el 28% -datos de 2009- frente al 41% de la media europea o el 56% de Alemania. De los 26 millones de viviendas existentes en nuestro país, la mitad tienen más de 30 años y cerca de seis millones tienen más de 50 años.

Respecto a Sepes, la entidad estatal de suelo, el secretario de Estado advirtió de que su situación es «ciertamente preocupante» y de «auténtica debilidad». Recordó que Sepes destinó más de 300 millones de euros a la compra de suelo que hoy ha perdido la mitad de su valor porque en muchos casos se compró suelo rústico con la expectativa de su recalificación. En los últimos cuatro años se ha registrado un descenso de un 67% de las ventas, mientras la inversión crecía un 54%.

La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, contestó al secretario de Estado que «todavía no se ha dado cuenta de que la política de vivienda es una política social y no sólo económica», que «tiene que garantizar un derecho constitucional como es el de acceso a la vivienda».