Sanidad salda con Empleo una deuda de 1.034 millones por los cuidadores

Cuando Ana Mato y su equipo llegaron al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se marcaron como uno de los objetivos prioritarios de esta nueva aventura modificar la ley de dependencia. Aseveraban que durante este quinquenio de vigencia había sido un desbarajuste, que se había gastado más dinero que el que se tenía, que se había acogido demasiada gente... Pero lo que no contaban es que el anterior Ejecutivo hubiera contraído una deuda de 820 millones hasta que abandonaron el poder, en 2011, y que ahora asciende a 1.034 millones.

Esta deuda sorprendió mucho a los nuevos rectores; sobre todo por la existencia de un convenio firmado por Francisco Javier Aibar, ex director general de la Tesorería General de la Seguridad Social y por Purificación Causapié, ex directora general del Imserso. En este documento, fechado el 15 de noviembre de 2011, los dos organismos establecen qué mecanismos se van a usar para pagar las cuotas de los cuidadores personales de un dependiente, es decir aquel «asistente personal» -unos 430.000- que atiende las necesidades de aquellas personas más necesitadas.

El convenio establece que la cotización a la Seguridad Social, «así como la correspondiente a las acciones formativas, será asumida por convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social por la Administración General del Estado». Es decir, el Ejecutivo se comprometía a pagar estas cuotas.

Es más, en el apartado seis de dicho acuerdo se especifica que será el Imserso el organismo que asuma estos pagos y que «el citado Instituto ha previsto en sus presupuestos los créditos destinados a tal fin».

Efectivamente, el Imserso, en la época socialista, tenía una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ascendía a más de 30 millones, concretamente, 31.344.878 euros. Un dinero que no servía para casi nada, ya que el coste anual ascendía a más de 300 millones. «Esto motivó que no pudieran abonarse totalmente las cuotas a la Seguridad Social, con lo que en el período 2007-20011 se generó una deuda con la Seguridad Social de 820 millones de euros, a la que se tendrá que hacer frente con cargo a los PGE de 2013 y que en el momento actual asciende a 1.034 millones», indica un documento interno del Ministerio de Sanidad que analiza este embrollo, que caracteriza la «falta absoluta de transparencia en los aspectos presupuestarios de este gasto».

Pero además de falta de claridad, el acuerdo de colaboración también escondía otra sorpresa: se dejaba el pago de la deuda hasta noviembre de 2012. Un abono que la actual Administración no ha podido atender y que ha ido a las cuentas del Estado que se aprobarán a final de mes, de forma definitiva, en el Congreso de los Diputados.

Ayuda

Esta falta de pago por parte del Ejecutivo tuvo una clara consecuencia en los datos de afiliación de la Seguridad Social que se conocieron el pasado martes. De las 205.678 personas que dejaron de cotizar, 85.233 eran cuidadores familiares de los dependientes. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, explicó que en la ley de dependencia, antes de la reforma del pasado verano, existía «simplemente un acuerdo» por el que se daba de alta a estas personas; pero esta situación se ha terminado ya que los cuidadores familiares «están excluidos del Estatuto del Trabajador».

«Lo que no tenía sentido era algo que no se podía mantener, que no venía obligado en la ley, esa relación contractual no la podíamos mantener», subrayó Moreno, quien insistió en que «no hay salario sino una prestación económica para el cuidador».