Fianzas récord de 30 y 50 millones para Díaz Ferrán y De Cabo

Los principales imputados en la 'operación Crucero' ya están en la cárcel, que solo evitarán con el pago de las fianzas más altas que se han impuesto en la historia judicial de España. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco fijó ayer cauciones que suman 112 millones para ocho de los nueve detenidos en el caso. La mayor de ellas es para el empresario Ángel de Cabo, que tendrá que pagar 50 millones si quiere eludir la prisión. Las del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de Iván Losada, mano derecha de Ángel De Cabo, ascienden a 30 millones cada una.

El juez Velasco les acusa de insolvencia punible, alzamiento de bienes, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el auto de prisión dictado ayer, el magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que Gerardo Díaz Ferrán y su antiguo socio -el ya fallecido Gonzalo Pascual- diseñaron una «estrategia» para traspasar sus empresas y bienes personales a De Cabo con el objetivo de «aparentar insolvencia patrimonial» y eludir sus responsabilidades con los acreedores. Ambos cometieron una «actividad delictiva dolosa de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones».

El auto explica cómo De Cabo, situado al frente de «un complejo sistema societario nacional e internacional» que se valía de una red de «colaboradores y testaferros», ofrecía a cambio un sueldo mensual de 100.000 euros -hasta llegar a un máximo pactado de 8 millones- tanto a Díaz Ferrán como a Pascual. «Cada dos o tres semanas», el expresidente de la CEOE viajaba a Valencia para recoger su parte. Sin embargo, Pascual no recibió ni un solo euro.

Según el escrito del magistrado, De Cabo se valía de «mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales» como «la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumentales, la interposición de testaferros y fiduciarios o la presunta simulación de contratos». Sobre Díaz Ferrán, afirma que perseguía «el apoderamiento definitivo económico para frustrar el derecho de crédito de sus más de 10.000 acreedores». Ambos maquinaban operaciones para, «lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores». El magistrado justifica la imposición de fianzas tan elevadas por la «gravedad penológica y social» de los hechos que comportan «riesgo de fuga y elusión de la justicia».

En su declaración ante el juez -que duró unos 45 minutos- Díaz Ferrán descargó cualquier tipo de responsabilidad en la quiebra del Grupo Marsans sobre su exsocio Gonzalo Pascual, según fuentes jurídicas. Negó tener cuentas en paraísos fiscales, y dijo que sus bienes en el extranjero se reducen a un piso en Nueva York. Explicó que, si en los últimos meses procedió a deshacerse de propiedades, fue porque intuyó que se los embargarían.

Además del expresidente de los empresarios, solo prestaron declaración Susana Mora, secretaria de Ángel de Cabo, y Rafael Tormo, «máximo responsable del diseño de la estructura societaria radicada en el extranjero», según el juez. Ambos consiguieron eludir la prisión. Mora salió libre tras pagar de forma automática la fianza de 3.000 euros impuesta por el magistrado. Por su parte, Tormo fue el único de los nueve imputados en quedar en libertad sin caución alguna.

El resto de los detenidos -incluido De Cabo- se acogieron a su derecho a no declarar. Para el grupo de testaferros de la trama compuesto por Teodoro Garrido (cuñado de De Cabo), Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo, y Antonio García Escribano, el juez decretó prisión eludible con fianza de 500.000 euros. Todos ellos ingresaron a lo largo de la tarde de ayer en la prisión madrileña de Soto del Real.

Díaz Ferrán repite

Antes de su ingreso en la cárcel, Díaz Ferrán se vio obligado a comparecer ante otro juez para explicar los préstamos -por valor de de 26,6 millones- concedidos entre 2005 y 2009 por Caja Madrid cuando formaba parte de su consejo de administración. Según el sindicato Manos Limpias, la operación es constitutiva de delito, ya que se utilizó como garantía al Grupo Marsans, que se encontraba en quiebra. Díaz Ferrán explicó ante el juez que instruye el caso, José Silva, que la operación no fue irregular, y que devolvió el crédito con lo obtenido por la venta de la concesión del transporte de autobuses de Alcalá de Henares.

Previamente había prestado declaración Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid en aquella época. Blesa sostuvo ante el juez que el consejo de administración fue informado en todo momento de la operación, que además fue autorizada por la Comunidad de Madrid.