Miles de discapacitados salen a la calle contra los recortes sociales

«Acabo de pedir una subvención con el fin de costear una silla de ruedas para mi hijo Pablo y en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid me dijeron que tendría que esperar un año y medio o dos años para recibir la ayuda». Quien así habla es Joaquín, padre de un niño con parálisis cerebral que ha acudido a la manifestación convocada por 60 organizaciones de discapacitados contra la política de recortes del Gobierno de Rajoy. «Si nadie lo remedia, estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica», se decía en el manifiesto, leído por representantes de los afectados al final de la movilización. En España las personas con discapacidad se cifran en cuatro millones.

Una manifestación «histórica», que congregó en Madrid a 50.000 ciudadanos, según los organizadores, transcurrió por las calles de la ciudad. El tijeretazo del Ejecutivo del PP ha dado la puntilla a una ley de Dependencia que ha muerto antes de nacer. Muchas son las personas que han visto reducida su ayuda en un 15%. A ello se añade una deuda acumulada de las administraciones con el sector que trepa a los 300 millones de euros. Para el presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, la pobreza se está cebando con los más vulnerables, hasta el punto de que las personas con minusvalías afrontan un sobrecoste de hasta el 40% a la hora de adquirir los mismos productos y servicios que los demás ciudadanos.

La marcha, que partió de la calle Goya y desembocó en la plaza de Colón, se desarrolló en un tono festivo, a ritmo de batucada, sin que por ello se rebajara el tono reivindicativo de la protesta. «Los trabajadores hemos sido paganos en todas las etapas oscuras de la historia. Los discapacitados queremos hacernos presentes y audibles», adujo el presidente del CERMI.

Los españoles están sufriendo con crudeza las grietas de un Estado del bienestar que está dejando a la intemperie a los más débiles. No en balde, son ellos los que sufren en carne propia el decreto que deja al margen de la financiación pública medicamentos para aliviar síntomas menores, como los laxantes, pero que son imprescindibles para muchos lesionados medulares.

Bajo el lema 'SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo', los damnificados directos, familiares, voluntarios, profesionales y simpatizantes colmaron las calles, en las que estaban aparcados 300 autobuses llegados de toda España. Las organizaciones convocantes pretenden detener la embestida de una política que supone una «regresión de derechos» y un quebrantamiento del «precario nivel de cohesión y protección sociales alcanzados por España».

«Estoy sola»

Joaquín Ballesteros es parapléjico y está postrado en una silla de ruedas a causa de un accidente de moto. Con una lesión de la médula espinal al nivel del cuello, su voz apenas es audible. Piedad, su mujer, no se queja del importe de la pensión que recibe, pero denuncia que no ha obtenido ninguna subvención para sufragar el coste de una grúa, un equipo imprescindible para mover a su marido. «Estoy yo sola y mis dos hijos que son menores. Ahora nos dicen que no nos suben la pensión, que será el año que viene el incremento, pero ya nos están quitando dinero con el 'copago' de los medicamentos. Mi marido necesita 18 tipos de pastillas», asevera.

A juicio de los convocantes, la implantación del 'copago', «esa especie de robo con fuerza», dificulta, cuando no impide, a sujetos con limitaciones acceder a prestaciones sociales que garantiza la ley. Martín Lavandera, procedente de León, es beneficiario de una pensión de invalidez permanente por sufrir una espondilitis anquilosante, una enfermedad que agarrota las articulaciones. Recibe una prestación de 500 euros, una cantidad que le obliga a convivir con sus hermanos para sobrevivir. «Si cojo un saco de 50 kilos me parto por la mitad. Tiene que haber una reforma, ya basta de ayudar a los banqueros, que son ladrones con corbata», dice. Pese a la parquedad de la ayuda, es un hombre con suerte. Hace meses cobraba 370 euros, que subieron a 500 al rebasar los 55 años de edad.

A la marcha, encabezada por deportistas paralímpicos y perros guía, durante la que ondeó un sinfín de banderas blancas, asistió Dolores García con sus dos hijos autistas, de 15 y 16 años. «Les han bajado en 80 euros a cada uno la ayuda que perciben. Si no fuera por la familia estaríamos en la calle». García no puede permitirse contratar a un cuidador. «Es carísimo. Con los dos no puedo salir ni a la puerta de la calle porque se me van. Estamos hasta el cuello», explica. «No hay derecho, siempre empiezan por los más débiles, que somos los que pagamos el pato», apostilla.