El juez cuenta 16.791 entradas

Las imágenes grabadas por los asistentes a la trágica 'macrofiesta' de Halloween eran elocuentes: en el pabellón Madrid Arena no cabía ni un alma. Pero el juez que investiga el fallecimiento de las cuatro jóvenes tras una avalancha constató ayer con datos objetivos las evidencias visuales. Aquella noche se superaron los 17.000 espectadores cuando el aforo máximo permitido era de 10.600 personas.

Una a una, la comisión judicial presente en la Jefatura Superior de Policía recontó entre el pasado viernes y ayer las ocho cajas halladas en una nave anexa al Madrid Arena. De esas urnas se sacaron un total de 16.791 entradas, que se supone fueron verificadas en los accesos al recinto deportivo y después guardadas.

La cifra es un 60% superior al número que dijo haber vendido el promotor del evento, Miguel Ángel Flores, en su declaración judicial. El imputado aseguró que «únicamente» había puesto a la venta 9.650 entradas y que las avalanchas fueron fruto de la entrada masiva de entre «3.000 o 4.000 jóvenes» procedentes de un botellón que se estaba celebrado en un aparcamiento cercano.

Estas personas, dijo Flores cuando prestó testimonio ante el juez, se habrían saltado los controles de entrada hacia las 3.00 horas de la madrugada y accedido directamente a la pista central, en una de cuyas bocanas se produjo el tapón mortal que acabó con la vida de las cuatro chicas, una de ellas menor, y dejó a una quinta herida de extrema gravedad.

Imágenes

Sin embargo, la realidad, al menos sobre el papel, parece ser otra. Y pese a la entrada masiva de jóvenes, que se produjo tal y como grabaron las cámaras internas del recinto, dentro del Madrid Arena se citaron más de 17.000 personas. Sin contar con los asistentes que tenían pases VIP.

Visto que su tesis se desmoronaba conforme se iban sacando las entradas -solo el pasado viernes se contaron ya 9.277 boletos-, la empresa organizadora del evento, Diviertt, dejó caer el martes una sombra de sospecha sobre la posibilidad de que esas cajas hubieran sido manipuladas tras romperse la cadena de custodia del 1 al 16 de noviembre, fecha en la que fueron encontradas por la Brigada de Homicidios.

Aseguraron que entre esas fechas algún vigilante de Seguriber, la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento de Madrid, pudo romper el candado y sustituirlo por una brida de plástico. Pero la Fiscalía salió al paso ese mismo día y rechazó de plano estas imputaciones.

Tras finalizar el recuento de las entradas, los abogados de las familias de dos de las fallecidas, Rocío Oña y Belén Langdon, aseguraron que Flores mintió descaradamente al juez en su declaración y que ha quedado demostrado de forma clara que la primera responsabilidad, controlar el exceso de aforo, fue incumplida.

Ambas tareas le corresponderían al promotor de la 'macrofiesta', Diviertt, y a Seguriber, que era la encargada de dar la voz de alarma si había un exceso de aforo en el pabellón. «Algo que no hizo», según declaró el martes José Rivero, exconsejero de Madrid, Espacios y Congresos, en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, el juez ha autorizado una reconstrucción en el pabellón para que los abogados personados en el proceso conozcan in situ el lugar donde se produjeron las avalanchas. Una diligencia propia para recrear este tipo de siniestros.