Los funcionarios reclamarán la paga extra en los tribunales

Los empleados públicos acudirán a los tribunales para conseguir que se les abone la paga extra de Navidad, retirada por el Gobierno mediante decreto el pasado mes de julio. El CSI-F, UGT, CC OO y el resto de organizaciones presentes en la Plataforma Sindical de trabajadores públicos anunciaron ayer a través de una nota de prensa que emprenderán a partir de enero -cuando se haya consumado la retirada de la paga- dos procedimientos paralelos: uno, ante la Audiencia Nacional en el caso del personal laboral que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, y otro por la vía de lo contencioso-administrativo para los funcionarios.

La eliminación de la extra de diciembre fue una de las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular que puso en pie de guerra a los empleados públicos, que además vieron recortado a la mitad el número de días de libre disposición, los denominados moscosos (de tres a seis). El Ejecutivo prometió reintegrar en un futuro, «cuando las circunstancias económicas mejoren», la paga retirada. Hay dos comunidades autónomas que ya han manifestado su intención de desobedecer el mandato del Gobierno. Extremadura -pese a estar gobernada por el Partido Popular- pagará la extra con lo recaudado a través del impuesto a la banca recientemente avalado por el Tribunal Constitucional. Y el martes el Gobierno vasco en funciones anunció que hará lo mismo con sus 67.000 funcionarios.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy adelantó hace una semana que recurrirá la decisión del gobierno extremeño ante el Tribunal Constitucional, y ayer anunció que también lo hará en el caso vasco «por tratarse del incumplimiento de una normativa básica estatal». En un comunicado, el Ministerio de Hacienda recuerda que «adoptar una decisión de estas características (...) supone una clara vulneración del orden constitucional» además de incurrir «en delito de prevaricación».