Mas se empecina en su consulta soberanista y busca a ERC como socio

No puede gobernar en solitario y, pese al batacazo electoral, no se resigna a dejar de celebrar en esta misma legislatura la consulta soberanista por la que decidió adelantar las elecciones cuando apenas llevaba dos años de gobierno. Esas son las dos cosas que, a día de hoy, tiene claras Artur Mas. Ahora, tiene que salir del atolladero en el que se ha metido para encontrar socios que le garanticen la gobernabilidad y, de entrada, descarta cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular.

Su opción más viable es pactar con ERC, que podría gobernar en coalición o como un socio estable externo. «Siempre se prioriza a la segunda fuerza, pero esto no excluye hablar de otras», advirtió el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, en la rueda de prensa que él y Mas protagonizaron, mano a mano, tras el primer Comité Ejecutivo de la federación después de los comicios.

El PSC, pues, está también en el punto de mira. Pero lo cierto es que, se incline hacia donde se incline, Mas no lo tendrá fácil.

La formación republicana, que fue una de las triunfadoras de las elecciones con el doble de diputados que en la legislatura pasada, ya hizo saber a Mas en la misma noche electoral que su apoyo está supeditado a una definición clara de la agenda nacional y a la rectificación de la política económica. Casi nada. El PSC, por su parte, tampoco tiene mucho margen: se opone a la deriva independentista de CiU y ha hecho de los recortes uno de los ejes de su campaña pero, en todo caso, su primer secretario, Pere Navarro, avanzó que escuchará lo que CiU tenga que decir antes de decidir el voto en la investidura.

La disyuntiva para CiU está en qué priorizar. Los republicanos pueden arrastrarle a la radicalidad de la que siempre ha huido. Mas se encuentra ahora sin crédito político para liderar el proceso hacia esa Cataluña con «instrumentos de Estado propio» por la que, de forma tan ambigua, apostaba. Adelantó las elecciones convencido de poder obtener una mayoría absoluta que le armara de fuerza y no lo logró. Ahora el peso de los independentistas en la nueva cámara, si se incluye a ICV (lo que sería dudoso), es de solo un diputado más que en la anterior, 87 frente a 86. Pero la más independentista de todas las fuerzas, Esquerra, se ha convertido en la segunda fuerza parlamentaria con 21 diputados.

Cuestiones identitarias al margen, ERC exige a CiU que rompa sus acuerdos de Gobierno con el PP en la Diputación de Barcelona y en los 40 municipios catalanes donde gobiernan juntos. Y, en materia económica, reclama la retirada del euro por receta, la recuperación del impuesto de sucesiones, que baje el IRPF y no aplicar nuevos recortes.

Las condiciones son muy duras para una CiU que ha sudado la gota gorda durante los dos años de la legislatura en un intento de cuadrar las cuentas de la administración. La situación financiera de la Generalitat es de dependencia absoluta del fondo de liquidez autonómico, arbitrado por el Tesoro, que ha inyectado ya a las arcas catalanas 5.300 millones de euros hasta final de año para hacer frente a vencimientos de deuda y a las facturas con las farmacias o los conciertos con entidades sociales.

Penurias financieras

El Ministerio de Hacienda ya ha confirmado que habrá una segunda línea de financiación para 2013 y la Generalitat, con toda probabilidad, tendrá que volver a acudir al rescate. Las penurias financieras limitan el margen de negociación con el Gobierno central, que volverá a ser muy exigente en el cumplimiento del déficit. La intervención de las cuentas amenaza a quien no cumpla con los compromisos financieros, por lo que aprobar la enésima oleada de ajustes estará entre las primeras decisiones del nuevo ejecutivo autonómico.

Se habla de un nuevo tijeretazo de 3.000 millones, 1.600 de ellos en sanidad. Es algo con lo que ERC no puede transigir, pero que CiU cree ineludible. «La realidad es la que es, muy dura, y las limitaciones presupuestarias no son por capricho», alegó Mas en su comparecencia. Oriol Pujol apretó a los republicanos y les recordó que el derecho a decidir estará «en el congelador durante mucho tiempo» si Cataluña es ingobernable.

Con el PSC, quizá los nacionalistas encontrarán algo más de comprensión sobre la realidad económica, pero entonces tendría que rebajar sus ambiciones soberanistas. Los socialistas catalanes podrían aprovechar para 'colar' su modelo de consulta «legal y acordada» con el Estado, lo que ralentizaría el proceso.

En realidad, los únicos que podrían asumir sin muchos problemas un nuevo ajuste serían los populares. Pero Mas dejó claro que no contempla esa opción. El PP solo sería factible si Mas abandona su idea de convocar una consulta. Y el 'president' replicó que el referéndum es «irrenunciable» y será uno de los puntos «prioritarios» de la próxima legislatura.