El Gobierno español, con la vista puesta en la prima de riesgo

La evolución del mercado secundario español a partir de mañana permitirá evaluar si los inversores dan por bueno que los líderes europeos sigan enfrentados, no logren resolver la situación de Grecia y opten por tomarse más tiempo para negociar antes de alcanzar el presupuesto plurianual de la UE.

La prima de riesgo de España ha dado una tregua relativa, al cerrar el viernes en 421 puntos básicos, tras una bajada lenta, pero continuada, desde los 454 del comienzo de la pasada semana. Y Mariano Rajoy, que volvió de Bruselas «razonablemente satisfecho» con el sobre de 2.750 millones de euros destinados a las autonomías menos desarrolladas, y el entendimiento alcanzado con el presidente francés para defender conjuntamente el dinero de la agricultura, seguirá vigilando la trayectoria de la prima con la máxima atención, porque lo que verdaderamente le preocupa no es la negociación de los fondos estructurales o la cohesión, sino evitar por todos los medios que una imagen de nuevo cisma en Europa provoque otro episodio de desbocado encarecimiento de la financiación de España.

La oposición socialista ha reprochado al presidente del Gobierno su estrechez de miras, al dar por buenas propuestas europeas que implican recortes de inversión y de los programas de investigación y desarrollo. A juicio del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, España no puede resignarse con «ver qué nos toca», sino que debe esforzarse por defender un proyecto plurianual que potencie el crecimiento.

Un país 'rico'

Por añadidura, el recorte de las ayudas comunitarias, y el paso a la condición de 'país rico' que contribuye con aportaciones netas a las finanzas europeas, llega en un pésimo momento. No es seguro que prosperen aspectos de la segunda propuesta del presidente del Consejo, Herman Van Rompuy -el impacto estimado para España de una merma de fondos de 20.000 millones para el periodo 2014-2020 podría verse reducido a un tajo entre 12.000 y 15.000- ni están las arcas de las autonomías en situación de contemplar con tranquilidad cómo se rebajan sus ingresos.

Pero tanto el Gobierno del PP como la oposición socialista ya daban por seguro que el grifo europeo estaba a punto de cerrarse. Las proyecciones comunitarias llevaron a contemplar una aportación neta de España para los últimos años del presupuesto anterior, contribución que, seguramente por causa de crisis, que ha mermado la renta nacional, finalmente no se ha producido.

Tras el ingreso de los países de la ampliación, y pese a la gravedad de la recesión que atraviesa, el estatus de España es el de país rico, con algunas regiones de menor desarrollo necesitadas de ayuda en la transición.

Por eso Rajoy se ha fijado otras metas. Le importa, y mucho, que el debate de las cuentas no se cruce en el lento camino hacia la unión bancaria y la unión fiscal, que debiera tener otro hito en la cumbre del próximo diciembre. Es prácticamente seguro que los acuerdos no llegarán a tiempo para que la asistencia financiera de capitalización de la banca española se considere un débito de todos los socios del euro. Pero la culminación de ese proyecto común debiera servir para que España (lo mismo que Italia) puedan eludir otros ataque de los especuladores contra su deuda soberana.

Son problemas de índole bien distinta a los que llevaron a Felipe González a pactar con Helmut Kohl los fondos de cohesión en la negociación de los presupuestos comunitarios en la cumbre de Edimburgo del año 1993.

El precedente de 1993

Con mayoría de gobiernos de centro-derecha en sucesivos consejos europeos, España había conseguido duplicar las ayudas de sus socios en los primeros años de pertenencia a la entonces llamada Comunidad Europea, entre 1989 y 1994. Y el canciller alemán compensó al presidente del Gobierno español la audacia de haber sido uno de sus primeros apoyos en la reunificación germana.

Entonces, el opositor José María Aznar reprochó a González acudir a Europa como «un pedigüeño», pero el propio dirigente popular usó una estrategia obstruccionista cuando, en defensa de esas ayudas comunitarias, se opuso en 2005 a los periodos de transición para la libre circulación de trabajadores de los países de la ampliación que reclamaban Alemania y Austria. Así se llegó finalmente a un acuerdo para evitar «el final abrupto» de los fondos estructurales, y todavía en el periodo 2007-2013 se pactaron transferencias que permitían a España un saldo positivo de ayudas netas de 16.000 millones de euros, decreciente según fueran pasando los años.