Mursi ahonda la división en Egipto

Con un lenguaje que a muchos recordó el que utilizaba Hosni Mubarak, salpicado de referencias a la «estabilidad de Egipto», Mohamed Mursi defendió ayer sus recién estrenados poderes plenipotenciarios como una «necesidad para alcanzar los objetivos de la revolución y superar el estancamiento de la transición. Pero su nuevo estatus por encima de la ley ha polarizado aún más a una sociedad ya de por sí dividida, que salió a las calles del país en manifestaciones rivales que acabaron con enfrentamientos violentos en algunas ciudades. En Egipto, el cisma entre islamistas y seculares parece cada vez más insondable.

En Alejandría, opositores a Mursi, que consideran que el decreto presidencial del jueves convierte al islamista en un nuevo «dictador», prendieron fuego a una sede del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes. Decenas de personas resultaron heridas en peleas entre seguidores y detractores del presidente en esta ciudad mediterránea. En El Cairo, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la plaza Tahrir continuaron por quinto día consecutivo. Los disturbios comenzaron en el aniversario de las protestas en las que murieron 47 personas, pero han acabado de inflamarse tras el anuncio de Mursi.

Poder judicial

Gracias a este decreto, el islamista, que ya ostenta el poder ejecutivo y el legislativo (el Parlamento fue disuelto por el Tribunal Constitucional), ahora será inmune al poder judicial, un ataque al equilibrio de poderes que sus rivales definen como «golpe de Estado». Sus iniciativas no podrán ser apeladas ante órgano alguno, una decisión que sus seguidores defienden como «mal menor» para superar los obstáculos que los remanentes del antiguo régimen -que la cofradía sitúa en la Justicia, la Policía y los medios de comunicación- habrían colocado en la senda de la revolución. «Cada vez que la transición se acerca al final, los actores del antiguo régimen consiguen desestabilizarla. Esta declaración constitucional es para acabar con eso», defendía en las redes sociales Gehad el-Haddad, asesor de los Hermanos Musulmanes.

Los poderes «faraónicos», en definición de los críticos de la plaza Tahrir, tienen fecha de caducidad: estarán vigentes hasta que entre en vigor una nueva Constitución y se elija otro Parlamento. Falta por saber qué tipo de Carta Magna servirá de marco legal para el futuro de Egipto, ya que la Justicia tampoco podrá obrar con respecto a la más que polémica Asamblea Constituyente. Si los tribunales consideran que no es representativa de la sociedad -una cuarta parte de sus miembros la han abandonado en protesta por los intentos de controlarla por la mayoría islamista- ya no podrán hacer nada, puesto que Mursi también le ha otorgado inmunidad.

El decreto presidencial ha provocado una rebelión en la judicatura, que lo considera un agravio contra «el imperio de la ley y la independencia judicial», y amenaza con una huelga que paralice todo el sistema.

El presidente se ha quitado de encima a uno de sus principales rivales, el fiscal general Abdelmaguid Mahmud, ya reemplazado, aunque Mahmud no se haya dado por aludido y prometa que seguirá trabajando.Mursi aseguró ayer que respeta las leyes y el sistema judicial, pero su objetivo son «los que se esconden detrás de los jueces». Lo dijo desde un podio de los Hermanos Musulmanes, a las puertas del palacio presidencial. Miles de seguidores, la grandísima mayoría miembros de la cofradía o salafistas, aplaudieron mientras algunos coreaban «¡Islámico, islámico, Estado islámico!», Corán en alto.

«Mursi solo ha necesitado tres meses para conseguir lo que a Mubarak le llevó 30 años», opinaba en una abarrotada Tahrir Amr Mahfuz, un jubilado que volvía a la plaza por primera vez desde la revolución que derrocó al anterior presidente. Su esposa Mona esperaba que al menos esta «agresión a la democracia» sirva para unificar a la oposición laica, que muestra por primera vez en mucho tiempo un frente unido. La gran mayoría de los partidos no islamistas lideraron distintas marchas con destino a la plaza de la revolución, ayer repleta, sobre todo, de jóvenes liberales y familias de clase media y acomodadas.