Juez y fiscales rechazaron las acusaciones del borrador

A solo 48 horas de la apertura de los colegios electorales, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, hizo público el famoso borrador de informe policial que relaciona a Artur Mas con cuentas en paraísos fiscales. Según la información facilitada por el sindicato, y corroborada por diversas fuentes del caso, ese informe preliminar jamás llegó a convertirse en un documento oficial de la Policía porque días antes de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo registrara en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, los fiscales ordenaron frenar las investigaciones que apuntaban al entorno del presidente de la Generalitat de Cataluña por considerar que las acusaciones eran demasiado inconsistentes para judicializarlas.

El SUP recibió el borrador junto con una carta anónima en el que se explican esos hechos. Y ayer hizo llegar ambos documentos a Josep Maria Pijuan, titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, que se ocupa del 'caso Palau'. Según la misiva, a la que responsables de Interior y del propio SUP dan «absoluta verosimilitud», el pasado 29 de octubre hubo en Barcelona una reunión entre los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo y varios mandos policiales, entre ellos el anterior jefe de la UDEF y actual director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), José Luis Olivera, en la que los funcionarios hicieron un «informe de situación» sobre la investigación de la supuesta financiación ilegal del partido de Artur Mas, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y plantearon la «necesidad» de hacer varios registros, en particular, en el domicilio del tesorero de la formación, Daniel Osácar. «Los fiscales -afirma el documento del SUP- contestaron que no estaba el juez por la labor de seguir y que había que motivar muy mucho esas peticiones, que en época de precampaña lo veían poco factible... que dedicaran sus esfuerzos a otra cosa».

De acuerdo a esa comunicación difundida por el sindicato y ratificada por diferentes fuentes, «en la reunión se habló de otros anónimos y de informaciones de confidentes y, sorprendentemente, (los fiscales) dijeron que, si no se identificaba a las fuentes, no tendrían validez, ni siquiera para verificar si era verdad lo que decían».

Tras este desalentador encuentro, los responsables de la Policía decidieron no presentar al juzgado el informe, que se quedó en un «borrador pendiente de registrar», tal y como reza su propio encabezamiento. El documento hecho público ayer por el SUP tiene los membretes del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, pero no tiene el sello del juzgado y presenta tachada la fecha y el autor del mismo, del que solo se conoce que es un inspector jefe de grupo de la UDEF.

Fortuna de los Pujol

El polémico borrador abunda en buena parte de sus 17 páginas en las ya conocidas investigaciones sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales del 4% del presupuesto por el que la Generalitat que presidía Jordi Pujol adjudicaba obras públicas. De acuerdo a este documento, parte de ese dinero iba a la financiación irregular de CDC y, otra parte iba destinada a los gestores del Palau y a otros dirigentes nacionalistas. La parte novedosa que aporta el borrador es que vincula toda la fortuna de la familia Pujol a esas comisiones y a cuentas en paraísos fiscales y que, por primera vez, relaciona una de esas cuentas con Mas, a través de su padre fallecido.

En el informe se hace referencia a una «carta anónima» fechada el 24 de noviembre de 2011 en la que se afirma textualmente: «Según testimonios de los propios Mossos D' Esquadra, se había recibido junto con una carta explicativa una muy detallada documentación que contenía una serie de entramados societarios, que decían corresponder a la familia Pujol, así como a las comisiones que el padre del actual presidente Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que según se señalaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo».

En otro pasaje del borrador se lee: «la familia Pujol ostenta inversiones en Estados Unidos (Houston, Miami y Delaware), Argentina (Puerto Madero) y en México (Acapulco, Guerrero, Jalisco) a través de sociedades interpuestas y la mayoría residentes en paraísos fiscales».