El Gobierno anima a los tribunales a investigar si Mas tiene cuentas en Suiza

El informe policial sobre las presuntas cuentas en Suiza de Artur Mas comienza a circular como una patata caliente entre los miembros del Gobierno. Mariano Rajoy, desde Bruselas, declinó pronunciarse sobre la veracidad o no de este documento. «No voy a contribuir a ese espectáculo», acotó el presidente tras participar en el Consejo Europeo.

Soraya Sáenz de Santamaría se enfrentó ayer a una docena de cuestiones sobre esta controversia con la calculada ambigüedad con la que suele lidiar los temas más espinosos. Una de las preguntas que le plantearon los periodistas tras el Consejo de Ministros fue muy directa: «¿Tiene el Gobierno indicios o datos concretos que avalen que el señor Mas tiene cuentas en Suiza o en algún paraíso fiscal?».

La vicepresidenta del Ejecutivo respondió: «Si yo le diera lo que usted me está pidiendo, probablemente incumpliría alguna norma tributaria». Dicho esto, y sin referirse en ningún momento ni a Mas ni a la familia Pujol -a los que supuestamente sí investigó la Policía-, añadió que lo primero que corresponde a aquellas personas que tengan cuentas no declaradas en el extranjero es «regular su situación» y recordó que la amnistía fiscal concluye la semana que viene. De lo contrario, reseñó, no solo estarían defraudando a Hacienda «sino al resto de españoles» que sí cumplen con su obligación de pagar los impuestos.

Sáenz de Santamaría negó que, con esta asociación de ideas, estuviera sugiriendo que efectivamente Mas hubiera cometido los presuntos delitos de evasión de tributos o estafa. «Ustedes me preguntan sobre casos concretos y yo les respondo con el procedimiento, por lo que la conexión de nombres va entre su pregunta y mi respuesta, pero no dentro de mi respuesta», aclaró. Otro ejemplo más del complejo equilibrio que intenta mantener el Gobierno: alentar las sospechas sobre un posible comportamiento delictivo del líder de CiU y defender la neutralidad de Moncloa en cualquier procedimiento judicial.

La vicepresidenta sí reclamó a la Justicia, el mismo día en que se conocieron todos los detalles del borrador policial, que «con absoluta independencia y neutralidad» investigue el presunto delito de fraude fiscal que le atribuirían estas pesquisas a Artur Mas y que, además, el departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía esclarezca de dónde procede la filtración del documento.

Caso Gürtel

Sáenz de Santamaría considera que este debe ser siempre el criterio a aplicar, tanto en este caso como en cualquier otro. Recordó, asimismo, que no es la primera vez que se desvelan detalles de una investigación en un caso político, «con este Gobierno y con el anterior», comentó en clara alusión a las informaciones conocidas en la fase de instrucción del caso Gürtel, sobre presuntas actuaciones corruptas de altos cargos del PP.

La lugarteniente de Mariano Rajoy también salió en defensa de Cristóbal Montoro, que al día siguiente de estallar este escándalo aseveró, en un acto electoral del PP en Cataluña, que «los que tienen que dar explicaciones son los que tienen cuentas en Suiza».

Sáenz de Santamaría negó que el titular de Hacienda tenga que rectificar porque «que yo sepa no dio nombres, pero sí dejó muy claro el procedimiento». Abundó que es obligación del Ministerio de Hacienda perseguir de oficio a los defraudadores. Para apuntalar esta idea recurrió a un ejemplo que entienden la mayoría de los ciudadanos. «Cuando Hacienda hace una paralela a la declaración de cualquier ciudadano no lo ordena ningún juez», declamó la número dos del Gobierno.

La vicepresidenta intentó mantener la serenidad ante la avalancha de preguntas sobre la polvareda política y judicial que han levantado, sobre todo en Cataluña, los indicios sobre la presunta actuación delictiva de Mas que se han conocido en la recta final de la campaña de las elecciones catalanas, que se celebran mañana.

Tras el cruce de declaraciones entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña por abrir diligencias contra 'El Mundo', Sáenz de Santamaría enfatizó que las instituciones deben «ajustarse» a lo que dice el funcionamiento constitucional en cuanto a la «unidad de criterio y dependencia jerárquica» que establece la Carta Magna, es decir, dejó claro que la última palabra la ostenta el fiscal general del Estado.

En cuanto a si el Gobierno cree que CiU recurrirá al victimismo a raíz de ese supuesto informe policial para justificar un supuesto revés electoral comentó que no puede saber lo que ocurrirá después del 25-N, pero ponderó el hecho de que «a lo largo de estos años han sido múltiples y son varios los procedimientos judiciales que afectan a CiU».