El PSOE lanza una ofensiva para intentar bloquear el canon judicial

El PSOE quiere que el Gobierno dé marcha atrás y derogue la nueva ley de tasas judiciales que entró en vigor ayer y que generalizará el pago de estas tarifas, hasta ahora restringidas a empresas que facturan más de ocho millones de euros al año, a toda la sociedad. La portavoz parlamentaria de la formación, Soraya Rodríguez, aseguró que su partido saldrá con los ciudadanos «a la calle» y apoyará cualquier inciativa que se convoque con ese objetivo, pero, entretanto, plantará batalla en el Congreso.

El principal partido de la oposición registró ayer una batería de once proposiciones no de ley para su debate en diversas comisiones. Todas tienen el mismo objetivo, pero su parcelación en distintos textos le permitirá desarrollar la estrategia del desgaste gota a gota. Los socialistas instan así al Ejecutivo a excluir del pago de tasas a «todas las personas físicas», en una iniciativa dirigida a la comisión de Justicia; a trabajadores en el orden social, en una propuesta para la comisión de Empleo y Seguridad Social; a las víctimas de la violencia de género, en la comisión de Igualdad; o a las víctimas de siniestros de tráfico y sus familiares que reclamen indemnización, entre otros supuestos, en la de Seguridad Vial.

El paquete de iniciativas se suma a la decisión, anunciada ya el martes, de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Carta Magna. Pero, además, Rodríguez adelantó que también exigirá la derogación de las nuevas tasas en una enmienda a la ley de eficiencia de la Justicia, que ya se tramita en el Congreso.

«Es la peor ley de este Gobierno y la más injusta -denunció la dirigente socialista- porque los derechos de los ciudadanos valen lo que valen sus garantías y la garantía última es la judicial. Todos los derechos quedan recortados si se prohíbe acceder a la Justicia».

Paralización por decreto

Los socialistas tampoco las tienen todas consigo sobre la futura actuación del Gobierno una vez se cumpla el periodo de carencia que dictó el Ministerio de Justicia el miércoles, apenas unas horas antes de la entrada en vigor de la ley, por falta de los formularios de pago que deberán emplearse en adelante. Soraya Rodríguez mostró sus sospechas de que, subsanado el problema (lo que puede llevar unas semanas), se gire el cobro de las demandas presentadas a partir del 22 de noviembre con efecto retroactivo.

«Una orden no puede paralizar la aplicación de una ley -advirtió la portavoz-; la única forma de hacerlo es mediante un decreto ley». Con este argumento exigió al Consejo de Ministros que apruebe este mismo viernes un decreto que suspenda «debidamente» la polémica y discutida norma.

El partido mayoritario de la oposición ha decidido hacer de este asunto uno de sus principales caballos de batalla. A su juicio, los argumentos empleados por el Gobierno para defender la necesidad de imponer tasas y de elevar el precio de los recursos a todos aquellos que presenten demandas en el ámbito de lo civil, lo contencioso-administrativo o lo social, solo se libra la vía penal, son falsos y no jusfican el daño social causado.

«Esto no tiene nada que ver con el ahorro económico -recriminó Rodríguez--. Es pura ideología, de la mala, de la peor ideología de la derecha: Rajoy ha decidido que los derechos de los ciudadanos valen lo que vale su cartera».

Para ilustrar su denuncia, echó mano de varios ejemplos como el de un matrimonio que inicie un proceso de divorcio o separación, por lo que tendrá que pagar 1.280 euros; o el de una pareja (caso verídico, dijo) que pagó por un piso que no se construye y que para reclamar a la constructora tiene que poner sobre la mesa 4.000 euros. Granos de arena en una montaña.