El Gobierno no permitirá que Cataluña mantenga su canon

El Gobierno ha dejado claro a la Generalitat de Cataluña que tendrá que retirar la tasa que implantó en mayo pasado para cobrar a los ciudadanos que inicien un pleito civil o contencioso-administrativo o que, en caso contrario, acudirá en enero al Tribunal Constitucional para que la paralice y declare su nulidad por invadir competencias estatales.

El Ejecutivo se basará en un dictamen aprobado en junio pasado por el Consejo de Estado que da luz verde a presentar el recurso ante el Constitucional. Entiende que la Generalitat se extralimitó en sus competencias y aprobó un tributo sobre un elemento de competencia estatal y sobre el que el Ministerio de Justicia ya tenía en marcha otro prácticamente idéntico, incurriendo en una doble imposición.

El ministerio, no obstante, tratará de evitar el conflicto judicial e intentará convencer a sus homólogos catalanes de que, como va a reducir sus gastos en asistencia jurídica gratuita gracias a la implantación de las tasas nacionales, retiren su canon de forma voluntaria.

Se trata de una estrategia similar a la que el Gobierno usará en la controversia desatada entre ambas administraciones por la implantación por la Generalitat del cobro de un euro por cada receta adquirida. Una comisión gubernamental trata de convencer a la parte catalana de la retirada antes de alegar invasión competencial ante la corte.