Gallardón desoye las críticas a la subida de las tasas y no dará marcha atrás

El ministro de Justicia no piensa dar un paso atrás. Comenzará a cobrar tasas a los ciudadanos que quieran iniciar pleitos y recurrir fallos ante los tribunales y aguantará las crecientes presiones que recibe de múltiples colectivos políticos, jurídicos y sociales para que derogue la ley que entró ayer en vigor.

Alberto Ruiz-Gallardón es consciente de que el Gobierno y el PP están solos en la defensa de las tasas judiciales, y de que tienen enfrente a todos los representantes de los operadores jurídicos, a la oposición política al completo, a la mayoría del Poder Judicial, y a numerosas asociaciones de consumidores y ciudadanos, así como a una parte notable de la opinión pública. Es igual. El ministro no solo está convencido de que, como en su día resolverá el Tribunal Constitucional, la razón está de su parte sino que, además, ayer acusó al grueso de los críticos con la reforma de tener «una actitud conservadora» y de no responder más que a intereses corporativistas.

Gallardón aprovechó su participación en un acto en la Casa Sefarad para pasar al contraataque y avisar de que acepta todos los retos. En el primer día de vigencia de la ley, que no podrá ser aplicada hasta que Hacienda diseñe un formulario para el cobro del canon, descartó renunciar a las tasas y, con ironía, aseguró comprender que «haya gente que quiera mantener el antiguo régimen» en los tribunales, pero que, «nosotros, no estamos dispuestos a tener esa actitud conservadora».

En un tono muy similar al del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien tachó a los críticos con el canon de «inmovilistas», el ministro advirtió de que no solo no hay marcha a atrás en el cobro de tasas, sino que es «el primer paso dentro del cambio absoluto que vamos a hacer en la administración de justicia».

«Estamos saliendo ahora de un largo letargo que ha durado demasiadas décadas de conformismo y resignación», reprochó a los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores que le acusan de imponer una Justicia para ricos y otra para pobres. No se quedó ahí y dio otro puyazo: «Con todo el respeto para los colectivos afectados, recuerdo que el Gobierno para quien trabaja es para el interés de todos los ciudadanos».

Gallardón no tiene dudas de que el cobro a los ciudadanos por pleitear en los juzgados es justo y no vulnera derecho constitucional alguno y también está convencido de que reducirá la litigiosidad abusiva para que «los jueces resuelvan aquellos conflictos que de verdad tienen que ser resueltos». Insistió en que este dinero, unos 300 millones al año, servirán para mejorar la asistencia jurídica gratuita para las rentas más bajas y, para relativizar las críticas, dijo que las tasas judiciales españolas serán las más baratas de Europa.

Feijóo, en contra

La seguridad que pareció transmitir el titular de Justicia en la comparecencia se sustenta en su convencimiento en la bondad de la reforma y también en el respaldo de la mayoría absoluta de su partido, que ayer mismo reiteró el ministro de Asuntos Exteriores, presente en el acto. Sin embargo, en el propio partido gubernamental han surgido voces críticas con las tasas y algunas muy relevantes como la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El gobernante gallego pidió al ministro que reconsidere algunos puntos de la reforma para que «algunas tasas no tuvieran el incremento que se plantea». «Debería reconsiderarse su importe, volumen y cuantía, y también se podrá reflexionar sobre su la proporcionalidad», añadió tras decir que no era solo su opinión sino la del Gobierno gallego.

La cuota de críticas públicas internas la completó Juan Carlos Castro, un concejal popular gallego y abogado, que afirmó que cree que las tasas son «inconstitucionales», reclamó la retirada de la ley y pidió a la Defensora del Pueblo que impugne la norma, cosa que Soledad Becerril medita a petición de muchos partidos y colectivos.

Fuentes del Ministerio de Justicia y del PP admitieron que la ley no pudo comenzar a aplicarse ayer, como sería lo normal, por las prisas que su grupo político se dio en la aprobación parlamentaria, realizada por procedimiento de urgencia para llegar a tiempo con la retirada de la paga de Navidad de este año a los funcionarios, medida que va encastrada en la disposición final cuarta de la norma. La medida tenía que estar aprobada antes del 5 de diciembre, que es el día del cierre de las nóminas públicas.

Las prisas cogieron a contrapié a Hacienda, que es quien tiene que dictar la orden que creará el formulario de pago de tasas y regulará todos los detalles de funcionamiento del proceso. El efecto es que los nuevos cánones judiciales quedan suspendidos hasta que en tres o cuatro semanas haya un impreso.