Un error judicial obliga a poner en libertad a la cúpula de la trama china

Un grave error judicial provocó la «nulidad absoluta» de las órdenes de encarcelamiento de la cúpula de la mafia china en España y, además, es «insubsanable». El sumario 'Chequian- Emperador' se resquebraja. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la «inmediata puesta en libertad» de Kai Yang, uno de los supuestos responsables de la trama china desarticulada el pasado octubre, en el que pasa por ser el mayor golpe en España contra el crimen organizado. El problema radica en que la Audiencia Nacional ha ordenado poner en la calle a Yang porque el juez del caso, Fernando Andreu, prorrogó de forma «ilegal» las 72 horas de detención. El juez dio un tratamiento idéntico al resto de la cúpula de la red, que también sobrepasó el límite legal de los tres días de arresto.

Entre los detenidos que pasaron a disposición judicial fuera de plazo está el cabecilla de toda la organización, el conocido empresario de los 'todo a cien' GaoPing; su esposa y sus dos lugartenientes, Wei Lin y Haibo Li (supuesto jefe del aparato de extorsión); y el abogado español José Luis Cuervo. Además de ellos, otros seis detenidos, todos supuestos miembros de la cúpula, fueron interrogados ese 20 de octubre, cuando había sido detenidos la madrugada del 16. Otra decena de arrestados no fueron interrogados hasta la mañana del 19 de octubre, también fuera del límite.

En la Audiencia Nacional nadie duda de que en las próximas horas habrá una avalancha de recursos contra los autos de prisión incondicional de estas personas y que la Sala de lo Penal resolverá en idéntico sentido que ha hecho como Yang. En su resolución, los magistrados de este tribunal sostienen que la prórroga de la prisión que decretó Andreu con el acuerdo de la Fiscalía ante la imposibilidad física de interrogar a los 82 detenidos en menos de tres días no tenía «cobertura legal». La sala arguye que el juez hizo una «interpretación errónea» de la legislación y de la doctrina del Tribunal Constitucional y, en lugar de dictar un auto de prisión individual para cada uno y luego tomarles declaración, optó por la fórmula de la prórroga.

Y todo ello, entiende la Audiencia Nacional, porque fueron «detenciones judiciales», ordenadas por el magistrado y no practicadas motu proprio por la Policía, por lo que el plazo de las 72 horas «de las que dispone el juez que conoce la causa para acordar bien la libertad, bien la prisión provisional» empezó a correr desde el mismo momento del arresto. Si hubieran sido policiales, apuntan los magistrados, sí que podía haberse alargado con una «prórroga».

La Sala insiste en que no se puede subsanar de ninguna de las maneras esta vulneración del derecho fundamental a la libertad y deja solo a Andreu la posibilidad de fijar medidas cautelares, siempre que no supongan «privación de libertad». La Fiscalía ya ha anunciado que, tras el fallo, pedirá la puesta en libertad de la cúpula, pero que también reclamará comparecencias diarias y la inmediata retirada del pasaporte de los futuros excarcelados, aunque las fuerzas de seguridad, al menos oficialmente, no podrán someter a esas personas a seguimientos.

Enfado monumental

La noticia provocó una oleada de indisimulado enfado en la Policía. Los mandos de la operación alertaron de que, habida cuenta de la existencia del espacio Schengen y de la permeabilidad las fronteras en el Este de Europa, será muy difícil impedir huidas si alguno de los arrestados pretende eludir la justicia. En este aspecto, señalan que buena parte de los detenidos tienen una «inmensa capacidad económica» para conseguir salir del país. No en vano, recuerdan, la red movía entre 200 y 300 millones de euros al año.

Andreu aseguró que se siente «el único responsable» de la excarcelación y de las futuras puestas en libertad, y asume con «todas sus consecuencias» la decisión de prorrogar la detención, que, insiste, cree que fue correcta.