FALTA UN PLAN ESTRATÉGICO

Está a punto de entrar en vigor la ley de tasas judiciales (ley 10/2012). Abogados, procuradores y sus colegios profesionales respectivos ya han puesto el grito en el cielo y hasta han hecho las cuentas sobre el encarecimiento que este último sablazo tributario puede suponer para los que se vean en la necesidad de recabar el auxilio judicial pero no rocen ese umbral de pobreza que requiere la condición de beneficiado por la justicia gratuita.

Otra vez el palo, en lugar de la zanahoria, para la asfixiada clase media de este país. No repetiré lo que ya se ha dicho sobre las restricciones que comporta esta regulación en el acceso a la tutela judicial. Casi con toda seguridad, acabará en manos de nuestro vapuleado Tribunal Constitucional y la propia ley parece intuirlo al tratar de justificar su aprobación en el Preámbulo con un estilo que recuerda las excusas de un mal estudiante para evitar preguntas incómodas que hagan aflorar su falta de preparación.

Lo que sí diré es que dudo que la medida sirva para racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, mejorar la financiación del sistema judicial y mejorar la asistencia jurídica gratuita. Lo dudo porque la situación, mutatis mutandis, se parece a la de un médico que, para evitar poner a prueba su pericia al diagnosticar y tratar una enfermedad vírica compleja, opta por extirpar aquellas partes del cuerpo no vitales que se encuentran más afectadas, en lugar de atacar en su conjunto la causa del mal.

A la Administración de Justicia le sobran y le faltan muchas cosas, pero no son precisamente los justiciables los que entran, en bloque y a golpe de tributo, en la categoría de excedentes. Le sobra formalidad, trámites reiterados y algunos recursos humanos. Le sobra el aire anclado en otra época que caracteriza a veces nuestros procesos judiciales. Le falta modernidad, agilidad, otros recursos humanos y, en definitiva, un plan estratégico que rediseñe su funcionamiento en aras a la eficiencia, así como la voluntad para implementar ese plan y la dedicación para mantenerlo. De poco servirá hacer, como esta ley, la puerta de acceso más estrecha. Los vicios estructurales seguirán en su sitio, mientras los habitantes y los usuarios de esa casa llamada Administración de Justicia continúan, eso sí, más holgados, padeciendo las inclemencias de su ineficiente construcción.