Los vecinos de Jerez vuelven a incendiar contenedores en más de 45 calles

Mientras comerciantes y hosteleros califican la situación que se vive en Jerez, tras 19 días de huelga de basuras, de inasalubre, el departamento de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz aseguraba ayer que no se ha detectado hasta la fecha «peligro» para la salud pública en «ningún punto» de la localidad.

Por su parte, los vecinos de algunos puntos de la ciudad, hartos de vivir rodeados de montañas de basura, reaccionaron la noche del lunes y la de ayer martes volcando contenedores y prendiéndoles fuego para mostrar su absoluto rechazo a esta situación. En total, los bomberos realizaron más de 70 intervenciones y sofocaron llamas en casi medio centenar de calles de barrios periféricos. Y la situación no tiene visos de solventarse, tras la reunión mantenida ayer, a última hora, entre la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de basura, y el comité de empresa. Los trabajadores quieren evitar a toda costa el despido de 125 empleados, para ello Urbaser exige una bajada salarial de la plantilla que superaría los 200 euros.

La cuestión es que mientras ambas partes siguen sin alcanzar un acuerdo las calles de Jerez presentan una imagen deplorable. Según explicaba ayer Manuel García, presidente de Asunico -asociación que engloba a comerciantes y hosteleros del centro de Jerez-, los efectos negativos para los establecimientos del casco histórico de Jerez «se están dejando sentir» e incluso apuntó que se está «llegando al límite» porque se están viendo «numerosas montañas de basura, que desprenden malos olores e incluso hacen salir a las ratas», una situación que, según apostilló, «no invita a pasear ni a sentarse en una terraza».

A pesar de ser esta una realidad constatada por los ciudadanos jerezanos, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, calificó de «incómoda» la situación y afirmó que, según aseguran los técnicos de Salud, «no existe riesgo de salubridad».

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, López Gil explicó que los informes diarios de la Delegación de Salud señalan la existencia de «suciedad», con «evidente acumulación» de residuos en algunas zonas «puntuales».

Así, pidió «prudencia» a la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo (PP), porque, en su opinión, «sigue echando leña al fuego» y «calienta» a los trabajadores de Urbaser, la concesionaria municipal de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos de Jerez.

«Las ratas como gatos no crecen en 15 días o alguien las ha llevado allí», aseguró López Gil, que valoró los últimos incidentes registrados en la localidad, donde se quemaron contenedores, atribuyendo la culpa a la regidora jerezana. «En vez de apaciguar, calienta a los trabajadores que están en su derecho a la huelga».

Respecto a este tema compareció ayer la alcaldesa para condenar precisamente los actos vandálicos sucedidos en la ciudad, a la vez que hizo un nuevo llamamiento a la negociación entre la empresa Urbaser y los trabajadores. La regidora popular insistió en que «el diálogo es la única vía para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto», y pidió «un esfuerzo en la negociación pensando en la ciudad».

La regidora hizo especial hincapié en que «éste no es el camino correcto, ni el que se merece Jerez»; según señala el Ayuntamiento en un comunicado. Asimismo, subrayó que la mejor medida para acabar con los actos vandálicos es que la empresa y los trabajadores «retomen las negociaciones, esta misma tarde, e intenten cerrar un acuerdo que acabe el conflicto».

Buscar soluciones

García-Pelayo apeló a la negociación, a la vez que manifestó su deseo de que ambas partes acerquen posturas para llegar a un acuerdo «por el bien de la ciudad», indicando «que la empresa ha trasladado al comité la necesidad de ahorrar 4,5 millones de euros, que supone la reducción salarial de un 12%, mientras que los trabajadores no quieren que se les toque la nómina y sea Urbaser la que asuma la diferencia, y luego se lo cobre al Ayuntamiento, es decir, la pescadilla que se muerde la cola».

También quiso recordar que el Gobierno andaluz «por ley garantizará la salubridad» y que ello, además, supone «una obligatoriedad moral». Conforme a esto, insistió en que el Consistorio «no se va a quedar de brazos cruzados, por lo que se seguirán tomando las medidas que garanticen el derecho de los ciudadanos a la salubridad».

Por último, señaló que el Ejecutivo local «no va a esperar nada de la Junta de Andalucía», agregando que «con o sin su ayuda vamos a seguir para adelante». En este sentido, ha lamentado las declaraciones desde sus instituciones porque, a su juicio, «lo único que demuestran es que están muy alejados de la realidad y que anteponen los problemas de partido a resolver los problemas de una ciudad».