8.189.488,44 euros de fianza

Puede haber algún cambio mínimo de última hora, pero un año después del inicio de la investigación judicial y tras meses de cálculos la cuenta está lista y ajustada hasta la última coma: 8.189.448 euros y 44 céntimos. Ese es el montante final que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres tendrán que afrontar con su patrimonio para pagar la fianza civil por el daño que sus actividades al frente del Instituto Nóos supuestamente causaron a Hacienda. La Fiscalía y la acusación popular de Manos Limpias ultiman sus informes que presentarán de forma inminente ante el juez del caso, José Castro, y en el que exigen que el yerno del Rey y Torres, al margen de las penas de cárcel a las que pueden ser sentenciados en un hipotético juicio, devuelvan todo el dinero que se llevaron de sus negocios con los gobiernos de Jaume Matas en Baleares y Francisco Camps en Comunidad Valenciana.

Tanto en el Ministerio Público como la acusación parten de la premisa que los nueve convenios que el Instituto Nóos suscribió con ambas administraciones autonómicas en 2005 y 2006 son ilegales y por tanto todo el dinero debe ser regresado al Estado, más un tercio de penalización. La Fiscalía es tajante: «Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos».

Anticorrupción quiere que todo el dinero que Urdangarin obtuvo con los Illes Balears Forum, los Valencia Summits, la promoción de los fallidos Juegos Europeos o la promoción del equipo ciclista Banesto-Illes Balears, entre otros, vuelva a las arcas públicas porque aquellos acuerdos fueron «decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era la de beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa».

«Prestigio social»

Y todo porque Urdangarin y Torres diseñaron una máquina perfecta para hacerse con esas adjudicaciones bajo «la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales». Con esa tapadera, según Anticorrupción, tuvieron acceso a fondos públicos a través de los famosos convenios con las administraciones que «de haberse presentado como compañía mercantil privada les hubieran estado vetados». Pero no solo. El duque de Palma «aparentó perseguir fines lucrativos» y buscó «rodearse de prestigio social derivado de las actuaciones altruistas» para «evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos».

Las acusaciones más graves que contra los dos imputados hace el fiscal Pedro Horrach están referidas a los dos grandes negocios del Instituto Nóos, los Balears Forum y los Valencia Summits. «Los responsables políticos de las administraciones correspondientes pactaron de forma verbal con los representantes del Instituto Nóos la celebración de esos congresos al margen de cualquier expediente administrativo». Es más, Anticorrupción desvela que Nóos «empezó a organizar y desarrollar dichos proyectos con anterioridad a la formalización de los respectivos convenios de colaboración». «La omisión deliberada del expediente administrativo supone un atentado frontal a los principios básicos de la contratación», apunta el escrito del Ministerio Público.

Las acusaciones reclaman como primera opción la devolución total, pero dejan abierta otra posibilidad al juez. Que se contabilice como responsabilidad civil todo el dinero que Urdangarin y el exprofesor de Esade se llevaron de los contratos, pero descontando las facturas que el Instituto Nóos ha presentado y la Fiscalía ha dado por buenas tras depurar la avalancha de documentos que no han sido admitidos como gastos para la organización de esos eventos. Los técnicos de Anticorrupción se han pasado meses con la calculadora en mano para cifrar esa fianza civil alternativa y que asciende a 5.905.079 euros con 29 céntimos.

Sea cual sea de las dos cifras, la responsabilidad civil va a salpicar de forma indirecta a la infanta Cristina. La Fiscalía pide que comience a pagarse la fianza con el embargo de todos los bienes, entre otras sociedades, de la inmobiliaria Aizoon SL, la empresa de la que es copropietaria con su marido la hija de don Juan Carlos.

Pedralbes

Junto a Aizoon, serán requisados todos los bienes de la decena de empresas que componían la maraña tejida por Urdangarin y su socio para desviar dinero público a sus bolsillos. Además, también se embargará todo el patrimonio de las dos instituciones que los exsocios de Nóos crearon a partir de 2006, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y la Fundación Areté.

Si, como es previsible, con los bienes de esas sociedades y mercantiles no se cubre la fianza, el yerno del Rey y Torres deberán responder directamente con su bolsillo. El duque tendría que pagar al contado, pedir un aval a un banco o poner como garantía de esa caución sus propiedades, sobre todo, y dada la envergadura de la fianza, el palacete de Pedralbes, en Barcelona, del que es titular al 50% con la infanta Cristina.

En cualquier caso, Urdangarin no tendrá mucho tiempo para hacer efectiva la fianza. Una vez que la apruebe el magistrado, tendrá menos de una semana para depositar en el juzgado la millonaria caución. Responsables de Anticorrupción quisieron dejar claro que estas fianzas, y su abono o no, en nada van a variar las acusaciones penales a las que se enfrentan Urdangarin y Torres: falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos, entre otros posibles delitos, que podrían costar a ambos exsocios una temporada en la cárcel.