El Gobierno facilitará la residencia a quienes compren casas en España

Ningún ser humano es ilegal. Al menos no lo será en España si tiene dinero para comprar una vivienda por encima de un determinado precio. La necesidad imperiosa de resucitar el mercado inmobiliario lleva camino de provocar cambios en la legislación sobre extranjería, una de las normativas más polémicas y que más sinsabores ha causado a millones de personas en la última década. El Gobierno desveló ayer que prepara su reforma para facilitar la residencia de los extranjeros no comunitarios que adquieran una casa por un precio superior a 160.000 euros.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, dio a conocer este proyecto, cuyo alcance fue después matizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el Ministerio de Economía. La medida, sobre la que según Rajoy aún «no se ha tomado ninguna decisión», fue muy contestada por partidos politicos, sindicatos y organizaciones de inmigrantes, que usaron adjetivos como «rara» y «inverosímil» para describirla. El PSOE exigió la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso para explicarla.

«En unas semanas se pondrá en marcha una reforma del decreto de Extranjería para conceder permisos de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda en España a partir de un determinado nivel de precio», anunció García Legaz.

El límite con el que trabaja el Gobierno son 160.000 euros, especificó el secretario de Estado, que considera ese importe «equilibrado» a los objetivos que se persiguen. «No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia y la vivienda sería la excusa para conseguirlos», resaltó. La compra daría derecho a dos años de estancia ampliables.

Preguntado por la cuestión, Mariano Rajoy subrayó que «no hay ninguna decisión tomada». Sin embargo, resaltó que el Gobierno «quiere que el 'stock' de viviendas se saque a la venta a precios razonables y no a los precios desproporcionados que hubo en el pasado».

«Necesitamos vender las viviendas y que el sector de la construcción vuelva a salir adelante. No para construir 900.000 viviendas al año, como se hizo en 2006 y 2007, pero es importante porque da trabajo a mucha gente», señaló.

Desatascar el negocio del ladrillo sería el objetivo último de esta oferta. De concretarse, el permiso de residencia actuaría como un atractivo adicional para generar decisiones de compra entre personas de fuera de la UE y reactivar el mercado. El Ministerio de Economía, en concreto la secretaría de Estado de Comercio, se reconoce promotora de la iniciativa y trabaja con la vista puesta en grandes países emergentes como Rusia y China. Según García-Legaz, ya existe en esos mercados «una demanda considerable de vivienda en España».

Fuentes de Comercio detallaron que esta reforma beneficiaría por igual a quienes adquieran su casa al contado o mediante la contratación de una hipoteca. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales puntualizaron que la ulterior autorización de residencia no será un cheque en blanco que dé acceso a beneficios como sanidad, mercado de trabajo o reagrupación familiar.

Sin derecho a sanidad

La medida solo supondrá una simplificación de los trámites administrativos que ahora debe cumplir un extranjero no comunitario que quiera pasar, por ejemplo, todo el año en España. Hoy, una persona que adquiera una casa tiene dos opciones para disfrutar de ella. La primera, solicitar un visado turístico que da derecho a noventa días de estancia y obliga a pasar por el consulado cuatro veces al año para su renovación. La segunda es una autorización de residencia temporal no lucrativa, que acarrea cumplir requisitos como estar en España al menos seis meses al año o acreditar la escolarización de los menores a cargo. Eso sitúa a España en desventaja competitiva frente a países como Portugal, Italia e Irlanda, que, según Comercio, dan más facilidades para estancias largas.

El Ejecutivo sopesa ampliar a dos años el período de estancia para los propietarios de viviendas que se acojan a esa segunda opción. Pero subraya que los solicitantes deberán cumplir los requisitos que exige la ley de extranjería. A saber, no estar irregularmente en territorio español, carecer de antecedentes penales, no figurar como persona rechazable y -resaltan estas fuentes- contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una aseguradora autorizada para operar en España. La medida, por tanto, «no da derecho a la sanidad», insisten. Además, el interesado deberá acreditar medios económicos suficientes para su manutención y la de su familia durante el tiempo de residencia en España.

Pese a las cautelas de Rajoy, la Secretaría de Estado mantiene que la medida «se podría aprobar en las próximas semanas». Colaboran en su diseño los ministerios de Economía, Empleo, Fomento, Interior, Hacienda y Asuntos Exteriores.