El Consejo de Estado avala que el Gobierno recurra el euro por receta

Ya son dos los avisos lanzados por el Gobierno después de sendos Consejos de Ministros. Al Ejecutivo central no le gusta nada el euro por receta que la Generalitat de Cataluña aplica desde julio a sus ciudadanos y que los madrileños tendrán que pagar a partir del 1 de enero. La semana pasada, la vicepresidenta ya adelantó que la medida no era del agrado de la Moncloa y que la opción de acudir al Tribunal Constitucional estaba encima de la mesa. Ayer, la advertencia se repitió apoyada en un prolijo dictamen del Consejo de Estado.

El Ministerio de Hacienda acudió a este organismo consultivo para preguntar si la reforma de la ley catalana de tasas y precios públicos, donde se incluye el polémico gravamen farmacéutico, pudiera vulnerar las líneas marcadas por la Carta Magna. Y el Consejo de Estado no se anduvo por las ramas en su contestación. «Las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución», asegura en su resolución.

«La instauración de esta tasa puede, como consecuencia del ámbito sobre el que se proyecta, vulnerar el orden constitucional de competencias», añade el fallo, que recuerda el artículo 149 de la Carta Magna. Este apartado es el que atribuye las bases en materia de una sanidad igualitaria en «vigencia y aplicación» en todo el territorio español.

En su dictamen publicado a finales de junio, el Consejo de Estado insiste en que «no cabe admitir» que los gobiernos autonómicos impongan nuevos impuestos «cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario». En este sentido, el texto del organismo consultivo recuerda que el euro por receta rompe con el acceso «en condiciones de igualdad y efectiva» que debe primera en el Sistema Nacional de Salud y recuerda al Ejecutivo central que debe «garantizar una condición mínima» en las medidas de acceso a los productos farmacéuticos y «evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud».

Pregunta del PSOE

Después de recibir hace seis meses el informe del Consejo de Estado sobre la tasa de la Ley 5/2012 de Cataluña, el Ejecutivo decidió no acudir al Tribunal Constitucional a pesar de la contundencia del escrito. Sin embargo, esta decisión puede cambiar si los dos gobiernos autonómicos no cambian de opinión. Soraya Sáenz de Santamaría señaló ayer que el Gobierno intentará «hacer entender» a Cataluña la inconstitucionalidad de esta medida «y la necesidad de su modificación». En el caso de Madrid, se actuará de la misma manera cuando «sea una norma jurídica que entre en vigor».

Mientras el Gobierno central intenta que la Generalitat retire esta medida y trata de convencer a los populares madrileños de que no apliquen esta tasa, los socialistas se preguntan a qué espera el Ministerio de Sanidad para actuar ante el alto tribunal. «Ya es hora de que la ministra de Sanidad responda algo a lo que está ocurriendo con la Sanidad en España, que diga qué va a hacer», preguntó Trinidad Jiménez. La responsable de Política Social del PSOE aseveró que este gravamen en cada volante supone «una desigualdad manifiesta entre los ciudadanos de España». Además, anunció que en la próxima sesión de control al Gobierno, prevista para el 28 de noviembre, su partido preguntará a Mato sobre los planes del Ejecutivo.