El Gobierno usará los pisos del banco malo para reubicar a los desahuciados

Gobierno y PSOE acordaron el desacuerdo. Tras una semana de intensas reuniones, el Consejo de Ministros aprobó ayer el anunciado decreto ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios más vulnerables, aquellos con ingresos anuales inferiores a 19.200 euros, y que disfrutarán de una moratoria de dos años en los desalojos. Los socialistas, a su vez, exteriorizaron su disconformidad con el decreto por ser «un parche», pero no rompieron la baraja y se comprometieron a seguirla negociación con «espíritu constructivo». Ambas partes salvaron la cara.

La principal novedad del decreto, que entrará en vigor mañana, es la creación de un fondo social de viviendas para reubicar a las familias en riesgo de lanzamiento y a las que ya han sido desahuciadas y cumplan con las condiciones socio-económicas exigidas. Este banco de viviendas procederá del stock que gestionará el banco malo.

Gobierno y PSOE pisaron el acelerador tras los dos últimos suicidios y buscaron un acuerdo rápido. Las interlocutoras iniciales fueron la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano, que a partir del lunes dejaron la negociación en manos de los expertos. Fueron reuniones largas y tensas, en las que hubo amagos de levantarse de la mesa, pero también avances, según reconocen desde ambos lados.

Fuentes del Ejecutivo aseguraron que ayer mismo que hicieron una última oferta para cerrar un pacto de mínimos con el PSOE unas horas antes de dar luz verde al decreto, pero que los socialistas, tras un frenético intercambio de correos electrónicos, rechazaron la propuesta. Desde la Moncloa lamentaron la falta de concreción de la representación socialista en puntos claves, como el umbral económico de las familias beneficiarias. El líder socialista, Alfredo Rubalcaba, admitió que ese fue uno de los motivos de la discordia porque el PSOE pretendía que los beneficiarios pudieran tener unos ingreso más altos. Los 19.200 euros que recoge el decreto equivalen a tres veces el Iprem, referencia que se usa para la prestación de ayudas, y los socialistas querían más flexibilidad porque no todas las situaciones familiares son iguales. La cifra gubernamental es para los casos más extremos y afectan a un colectivo pequeño, sostienen los socialistas.

Rubalcaba, que se reunió con los diputados de su grupo, precisó que otros dos motivos de discrepancia con el Gobierno fueron «la profundidad» de la reforma de la ley hipotecaria con la que el PSOE pretende acabar con «las situaciones de abuso» de los bancos y establecer la obligatoriedad para las entidades financieras de respetar el Código de Buenas Prácticas. El Ejecutivo, según la versión opositora, descartó la imposición del Código y evitó comprometerse con la ley hipotecaria.

Cautela

Sáenz de Santamaría hizo una llamada a la «responsabilidad y a la coherencia» a los socialistas por exigir ahora iniciativas, como el cambio de la ley hipotecaria, que no tomaron durante los siete años y medio del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. «Sería porque algunas de estas medidas son muy complejas», acotó la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros, en la que también intervino el titular de Economía, Luis de Guindos. La número dos del Gobierno se mostró cauta sobre la reforma hipotecaria y solo dijo que, si al final se produce, deberá comunicar y consensuar los cambios con la Unión Europea.

Un aviso que también hizo ayer Bruselas. «La Comisión Europea y el Banco Central Europeo no tienen que autorizar las medidas (hipotecarias), pero tienen que ser consultadas» antes de su aprobación. También tienen que «solicitar el asesoramiento técnico» previo del Fondo Monetario Internacional, según informaron fuentes comunitarias. De Guindos dejó claro que los pasos dados no modifican esta ley, sino el Código de Buenas Prácticas.

La número dos del Ejecutivo subrayó además que no era el momento de ver quién hacía la propuesta más amplía, sino de dar una respuesta paliativa a los morosos hipotecarios en dificultades. El Gobierno, de todos modos, confía en que durante la tramitación parlamentaria del decreto se puedan sumar los socialistas y el resto de grupos. Sáenz de Santamaría justificó la celeridad, pese a no contar con el respaldo socialista, a que el Ejecutivo no podía demorar la respuesta porque hacerlo hubiera supuesto más desahucios, y que el objetivo es, precisamente, que «nadie deba irse de su hogar».

Para los socialistas, es «un parche», en palabras de la secretaria de Economía del partido, Inmaculada Rodríguez-Piñero. La moratoria, afirmó, es «muy restrictiva» porque solo se aplica cuando se está ya en la fase final del desahucio y no frena las etapas anteriores. «Hemos defendido en la negociación que lo primero son las personas. El Gobierno ha aprobado una moratoria para defender a los mercados», denunció.