Por la campana. Ana tenía que haber sido desahuciada ayer de su piso en Madrid, pero el lanzamiento se suspendió por decisión del banco y ella volvió a recolocar los enseres de su casa en su sitio. :: J. RAMÓN LADRA
ESPAÑA

Gobierno y PSOE acercan posturas para un acuerdo de mínimos contra los desahucios

Pactan el contenido del decreto-ley y dejan para la tramitación en el Congreso las reformas legales que plantean los socialistas

MADRID. Actualizado: Guardar
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Las delegaciones de Gobierno y PSOE aproximaron posturas sobre las medidas para frenar la ola de desahucios. El entendimiento servirá para que el decreto-ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros lleve el visto bueno de ambas partes, pero el pacto no fue posible sobre las reformas legales que modificarán el sistema hipotecario, aspecto que quedó para la tramitación en el Congreso como proyecto de ley del decreto que aprobará el Gobierno y de la proposición de ley que presentaron los socialistas el 25 de octubre pasado.

«Estamos al borde», comentaron tanto desde el Ejecutivo como desde el PSOE. Pero los negociadores seguían reunidos en la Moncloa a primera hora de la noche de ayer sin fumata blanca. El Gobierno tiene la convicción de que los socialistas querían evitar el anuncio del acuerdo en una jornada de huelga general contra la política económica gubernamental. La escenificación quedará para este jueves en el Consejo de Ministros, comentó una fuente conocedora de la marcha de las conversaciones.

El entendimiento, de todos modos, se limitará a los aspectos del decreto-ley sobre las cuestiones más urgentes, no a las reformas de la ley hipotecaria o la concursal. En las negociaciones del lunes y martes se produjeron avances para reafirmar la moratoria de los desahucios en los dos próximos años para las familias en condiciones más desfavorables; es decir, para los deudores de edad avanzada en situación económica precaria, discapacitados acogidos a la ley de dependencia y personas sin ingresos con hijos a cargo.

En la reunión de ayer, los expertos gubernamentales y socialistas se centraron en determinar el umbral de renta para ser reconocido como deudores que podrían beneficiarse de la moratoria. La propuesta inicial del Gobierno era que el núcleo familiar tuviera ingresos de hasta dos veces y media el Indicador de Precios de Efectos Múltiple (Iprem), que está fijado en 532,5 euros al mes, lo que supone una renta mensual que bordea los 1.600 euros.

El PSOE, sin embargo, planteó que no puede ser una cantidad fija y se debe tomar en cuenta la situación de cada familia morosa, como los hijos a cargo o personas mayores dependientes. En función de estas circunstancias, los socialistas defendieron un umbral de renta más alto para acogerse a la moratoria. Algunas fuentes apuntaron que se podía alcanzar los 36.000 euros en los casos de familias numerosas. Portavoces de la dirección del partido opositor no confirmaron, sin embargo, este extremo. El Gobierno apuntó que si la renta media de las familias españolas es de 22.800 euros es difícil aceptar que deudores con ingresos por encima de los 35.000 euros puedan beneficiarse del aplazamiento de los desalojos. Con ese criterio, apuntaron desde la Moncloa, serían miles los hipotecados que podrían acogerse a la prórroga.

Marco regulador

Este tira y afloja centró el último tramo de las negociaciones una vez que ambas partes acordaron dejar para el trámite parlamentario el grueso de la propuesta socialista, la reforma del sistema hipotecario, una modificación del marco regulador que implica introducir cambios en hasta cinco leyes. Este apartado se abordará en la tramitación urgente del decreto del Consejo de Ministros como proyecto de ley, una medida que sirve para que el Congreso enmiende el texto del Gobierno. Si tampoco hay acuerdo en esta segunda oportunidad, habrá una tercera: el debate en la cámara legislativa de la proposición de ley que presentó el PSOE el 25 de octubre pasado y que será tomada en consideración por el Congreso en las próximas semanas.

Mariano Rajoy mostró en una entrevista publicada ayer en cinco diarios latinoamericanos su disposición a abordar la reforma de la ley hipotecaria, un terreno que despierta muchas suspicacias en el Banco Central Europeo por el riesgo de depreciación de las cédulas hipotecarias de la banca española en el mercado financiero internacional, y que también inquieta a la Comisión Europea porque supone un cambio de las reglas del juego que han existido en el mercado hipotecario en las últimas décadas.

Pero pese a esta voluntad del presidente del Gobierno, el acuerdo en los temas de fondo no va a ser fácil. Un aperitivo del previsible enfrentamiento se vivió ayer en el Senado durante el debate de una moción socialista que incluía varias medidas, entre ellas varias reformas legales, para frenar los desahucios.

El PP se opuso y propuso una enmienda en línea de lo que defiende el Gobierno sobre la moratoria de dos años y el colectivo al que debe afectar esta prórroga. Argumentó además que están en marcha conversaciones entre delegaciones de las dos partes para sellar un acuerdo en este terreno. Los socialistas rechazaron las razones populares y el PP votó en contra de la moción del PSOE que salió derrotada por amplio margen merced a la mayoría absoluta de los populares en la cámara.