La división reduce la participación de los empleados públicos

La evaluación de los participantes en las protestas, siempre compleja por las diferencias entre autoridades y convocantes, se ha visto dificultada una vez más entre los empleados públicos por la división sindical entre sus representantes. Docentes, personal sanitario y funcionarios de las distintas administraciones se enfrentaron a la opción de secundar la llamada de UGT y CC OO o de atender las recomendaciones de los distintos sindicatos sectoriales.

Algo similar ocurrió en el ámbito privado, entre los empleados que prestan servicios educativos o sanitarios. En la enseñanza, mientras las federaciones de CC OO, UGT, el sindicato STES-i, el de Estudiantes y la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) secundaron la huelga, el sindicato docente ANPE, el de profesores de la concertada FSIE, o la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) no la apoyaron.

Estas diferencias explican, en parte, las grandes discrepancias entre las cifras de participación en las protestas que proporcionaron las centrales mayoritarias y las aportadas por los gobiernos autonómicos o los sindicatos que no han llamado a la movilización. Mientras CC OO y UGT cifraban en un 52% la participación de funcionarios de la administración central, en un 62% en la autonómica y en un 75% en la local, los datos proporcionados por las autoridades correspondientes limitaban estos porcentajes a la mitad, en mucho casos. Con carácter general, los centros escolares abrieron sus puertas, al igual que los sanitarios, aunque la mayoría de estos últimos funcionaron a medio gas, por la inasistencia de usuarios, en unos casos, y en otros por la ausencia del personal médico, que impidió la prestación de servicios no urgentes (pruebas diagnósticas, análisis) que estaban programados desde tiempo atrás.

Pero hubo algún caso especialmente significativo en los centros que van a ser privatizados o transformados: pacientes y trabajadores del Hospital madrileño de la Princesa, cuya transformación en geriátrico divide a la sociedad e incluso a las autoridades autonómicas y municipales -la alcaldesa Ana Botella firmó a favor de su continuidad, en oposición al gobierno autonómico-, se reafirmaron en su lucha para mantenerlo como centro de referencia y utilizaron la plataforma que les ofrecía la huelga general.

En la actividad judicial, la movilización coincidió con la decisión de la banca de interrumpir los lanzamientos de sus viviendas de las familias en extrema necesidad. Ni había funcionarios ni se produjeron desahucios. Pero también se dejaron sentir las ausencias voluntarias: la Audiencia Provincial de Madrid suspendió cuatro juicios al haber ejercicio su derecho a la huelga los correspondientes empleados de auxilio judicial y no haber fijado la consejería de Justicia los servicios mínimos. Pero el Ministerio Justicia cifró la participación en el 11%.