Gobierno y PSOE se culpan de la falta de acuerdo por las reformas antidesahucio

Gobierno y PSOE no logran ponerse de acuerdo con las reformas legales para frenar los desahucios. Por ambas partes hay buena voluntad para entenderse, según reconocen unos y otros, pero tras más diez horas de conversaciones el pacto fue imposible. Por ahora, están de acuerdo en la moratoria de dos años para los casos de las familias más desprotegidas que pactó el Ejecutivo con la Asociación Española de Banca, aunque los socialistas creen que es una solución que no entra en el fondo del problema. Abordar, precisamente, la reforma estructural del sistema hipotecario que propone el PSOE es lo que motiva el desacuerdo.

En el salón de la Moncloa donde negocian los expertos del Gobierno y el PSOE hay acuerdos que se tejen y destejen, pero no se logra abrochar el paquete de reformas legales sobre los desahucios y el mercado hipotecario. Unas discrepancias que han colocado la mosca en la oreja del Gobierno, que sospecha que los socialistas demoran el acuerdo para que no coincida con la huelga general de hoy. «Para ellos quedaría mal», comentó un cualificado portavoz gubernamental. «El fin de semana -agregó esta fuente- el acuerdo estaba cerca» tras las conversaciones entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, pero ahora está más distante.

El Ejecutivo cree que la pretensión socialista de reformar la ley hipotecaria, «algo que no han hecho en los siete años que gobernaron», recuerdan desde la Moncloa, encarecería los créditos hipotecarios y perjudicaría, sobre todo, a los ciudadanos de menos recursos. Además, abundan desde el Gobierno, contribuiría a la inseguridad jurídica del mercado porque habría diferentes tratamientos legales para los préstamos destinados a la compra de vivienda, el de antes de la reforma de la ley y el de después.

El Gobierno considera, no obstante, que se han producido avances tanto en la mesa de negociaciones como en la actitud de la banca. «Hace un mes era inimaginable» que los bancos suspendieran las ejecuciones hipotecarias. «Es un primer éxito», subrayaron las fuentes gubernamentales, que añadieron que a partir de ahí se puede hablar de «todo, pero paso a paso». Unas palabras que traducidas a román paladino quieren decir que el decreto-ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros, con o sin acuerdo del PSOE, puede recoger los acuerdos sobre los asuntos más urgentes, léase moratoria en los desahucios y definición del colectivo beneficiado por la misma, y dejar para el futuro los cambios legales más complejos.

Sáenz de Santamaría confirmó ayer que el decreto gubernamental recogerá las medidas «más perentorias y urgentes» porque la situación generada por el crecimiento exponencial de los desahucios exige una solución «ágil».

El Banco Central Europeo

El PSOE tiene otra visión. Fuentes de la dirección del partido señalaron que el problema del Gobierno, pese a su buena voluntad, es el estrecho margen que tiene. El Banco Central Europeo ha hecho llegar a Rajoy, según los socialistas, el aviso de que los cambios en el mercado hipotecario tienen que ser muy medidos para impedir la depreciación de las cédulas hipotecarias, que son las garantías de las que se valen las entidades financieras para captar liquidez en el BCE. Transmitir el mensaje de que los préstamos hipotecarios pueden dejar de pagarse sería demoledor en Europa, reconocen los portavoces de la Moncloa.

Esta situación, sostienen los socialistas, hace que el Gobierno se mueva con suma cautela y aunque no rechaza abordar la reforma del sistema hipotecario no quiere incluirlo en el paquete de reformas legales que se negocia en la Moncloa. Pero el PSOE insiste. Su portavoz parlamentario de Economía, el exministro Valeriano Gómez, precisó que la diferencia radica en que el Ejecutivo busca una solución que «impida a corto plazo los desahucios», mientras que los socialistas quieren modificar la legislación hipotecaria, que, junto a la crisis, es la clave para comprender «lo que está ocurriendo». Gómez acepta que es «más complejo, pero más necesario». «Queremos una reforma que sirva para décadas», subraya de forma gráfica otra fuente de la dirección del PSOE.

La portavoz socialista en el Congreso abundó en la misma línea y señaló que la solución no es poner «parches» o recurrir a la «caridad». Se requiere, en palabras de Soraya Rodríguez, una respuesta «profunda y de calado». Algo que para el Gobierno requiere tiempo, justo lo que, a su juicio, no hay. El PSOE, por el contrario, considera que ya que hay una moratoria, a pesar de que sea restringida, hay que aprovechar «la tregua» de los bancos para un acuerdo más amplio.