El Poder Judicial no ve factible la retroactividad

A la espera de que entre en vigor la reforma legal sobre desahucios, los jueces no se mantendrán quietos ante esta «dramática» situación. Los presidente de los tribunales superiores de justicia, magistrados decanos e, incluso, miembros del Tribunal Supremo coinciden en la necesidad de que se suspendan de oficio las ejecuciones hipotecarias en aquellos casos que haya «cláusulas abusivas» para los deudores.

Los condiciones más «sangrantes», según los representantes de la judicatura, son los contratos hipotecarios firmados por algunos trabajadores con empleos temporales; la denominada 'hipoteca bienvenida' para inmigrantes con solo tres meses de trabajo en España; los acuerdos que recojan tasaciones forzadas; las denominadas hipotecas de esfuerzo altas, es decir, aquellas que el comprador tenga más del 35% de su renta a pagar en plazos; o los préstamos que cubran más del 80% del valor del bien hipotecado. Esta es, de alguna manera, la letra pequeña de los compromisos anunciados ayer por la asociación de bancos y la confederación de cajas de ahorro.

En todo caso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, comentó ayer durante la inauguración en Bilbao de las VII jornadas sobre Justicia y Comunicación, que es «muy complejo» que las nuevas medidas legislativas puedan aplicarse de forma retroactiva a los miles de desalojos ya realizados. Un aspecto que comparten tanto los bancos como las cajas de ahorro.

El presidente del órgano de gobiernos de los jueces dejó claro en la capital vizcaína que la institución no realizará un informe judicial sobre la situación de las ejecuciones hipotecarias, ya que «no le corresponde al Consejo hacer propuestas legislativas porque no tiene funciones de este tipo, sólo el Parlamento».

El máximo responsable judicial de las ejecuciones hipotecarias, el presidente de Sala de lo Civil del Supremo Juan Antonio Xiol, aseguró por su parte, que en los casos más dramáticos «es evidente que el juez debe incorporar en las aplicación de la ley valoraciones y consideraciones de carácter ético».

Algo que, según el presidente Moliner, está muy presentes en la mayoría de los jueces que se encargan de los desalojos, pero el magistrado no debe constituirse en un mero aplicador de la letra de la ley, sino que debe de «interpretarla para que en situaciones de emergencia se puedan paralizar, modificar o actualizar las ejecuciones hipotecarias».