Ley social de desahucios

Dos suicidios y miles de familias en la calle han sido necesarios para que se preste atención al drama de los desahucios. El Congreso ha decidido al fin cambiar una ley del siglo pasado con el acuerdo de los principales partidos políticos. Y ha costado, por lo visto la norma hipotecaria debía estar más asentada que el sistema educativo o la propia Constitución a juzgar por lo difícil que resulta realizar cambios.

Y solo el anuncio ha logrado que dos cajas de ahorros hayan paralizado las ejecuciones hasta que se definan los puntos de la reforma. Quizá le siga el resto, aunque el sector bancario sea más dado a las buenas intenciones que a las decisiones que van contra la cuenta de resultados. En cualquier caso, la perspectiva de una regulación que ofrezca alternativas ya supone un importante paso cuando perder la vivienda por no poder pagar la hipoteca es el peldaño definitivo a hacia la exclusión social.

En estos dos últimos años, los más duros desde que comenzó la crisis, casi 1.500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en nuestra provincia. La prensa ha recogido situaciones tan lamentables como la de María Cabeza de Vaca, madre de dos hijos menores y víctima de malos tratos, sobre la que planea una orden de desahucio. Una concentración vecinal frenó el desalojo forzoso de su vivienda en Chiclana hace apenas una semana y ha ganado tiempo para buscar soluciones.

La reforma no es solo consecuencia de un drama social que se acrecienta, sino un camino necesario para justificar una ayuda de 60.000 millones de euros a las entidades a pagar entre todos los españoles. No parece razonable que la banca consiga dinero público para aliviar su insolvencia -a interés cero y con dos años de carencia, no lo olvidemos- y que al ciudadano de a pie no le sea suficiente perder su techo y su dignidad para pagar la deuda.

Puede que hoy estemos más cerca de que los términos dación en pago o alquiler social puedan ser parte de un texto legal de obligado cumplimiento y no de un compendio de buenas prácticas. Eso al menos daría sentido al único rescate de empresas privadas que se ha planteado en cinco años de cierres masivos y pérdida de derechos.