Gobierno y PSOE llegan a un preacuerdo para contener los desahucios de viviendas

No se encerraron en una habitación hasta tener una ley que permita afrontar el problema de los desahucios masivos, como de forma casi teatral había planteado el PSOE este mismo lunes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos de los socialistas, Elena Valenciano, optaron por algo menos ambicioso y, tras dos horas de reunión en la Moncloa, sellaron un principio de acuerdo para cerrar un decreto de ley o un proyecto legislativo con medidas «paliativas y preventivas» de tramitación urgente.

Ni unos ni otros hablan aún de medidas concretas. A pesar de que los socialistas declararon anteayer que «ya no es tiempo de comisiones de estudio ni de subcomisiones», aún habrá al menos una «reunión de expertos», con carácter técnico y que se reunirá el próximo lunes con tres especialistas de cada lado, antes de poder ofrecer resultados concretos.

Lo que ya parece claro es que no se plantearán medidas que puedan afectar a todos los desahucios de manera indiscriminada. Uno de los objetivos del PSOE, tal y como plantea la iniciativa registrada a finales de octubre en el Congreso, es que las soluciones que ofrece el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno para los bancos se extiendan a otros muchos deudores que atraviesan graves situaciones de dificultad, pero no se encuentran en el «umbral de exclusión», como está definido en esa norma. El código se aplica cuando todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y no dispongan de otros bienes o derechos patrimoniales.

El comunicado que emitieron los socialistas tras la reunión asegura que «se ha convenido afrontar de raíz la situación, dándole una atención prioritaria a las familias en situación más vulnerable, tales como las familias con hijos o con mayores a su cargo». En el Gobierno se asegura que se estudiará la causística para plantear una propuesta centrada en quienes corren el riesgo de perder su primera y única vivienda familiar, que, afirman, «no son tantos» dentro de ese amplio grupo de 250.000 personas que, según las estimaciones más recientes, pueden ver ejecutadas sus hipotecas por impago en las próximas semanas y meses.

En todo caso, el Ministerio de Economía será el encargado de recabar los datos, a través de las propias entidades de crédito, para hacer una evaluación correcta de la situación y evitar así, dicen, problemas de inseguridad jurídica.

Poco margen

El Ejecutivo tiene claro que el decreto de protección de deudores hipotecarios sin recursos, vigente ya desde hace ocho meses, se ha quedado corto. Precisamente por eso, y después de haber tumbado cada propuesta legislativa planteada por los grupos minoritarios de la cámara, especialmente por la Izquierda Plural, la semana pasada dijo 'sí' a la propuesta de diálogo lanzada por Alfredo Pérez Rubalcaba. Según fuentes socialistas, sin embargo, el presidente del Gobierno ya avanzó el jueves al líder de la oposición, en una conversación privada, que creía tener «poco margen».

«Aún no podemos hablar de detalles -esgrimen ahora en el PSOE- pero es importante que hayan aceptado pasar del Código (que es de adhesión voluntaria para los bancos), a la ley». Su iniciativa, coordinada por el expresidente del Banco Hipotecario y uno de los principales asesores económicos de Rubalcaba, Julio Rodríguez, propone entre otras muchas cosas conceder a los particulares que se encuentran en un estado de «insolvencia no dolosa» de manera sobrevenida el mismo trato que recibe una sociedad o un comerciante individual en idénticas circunstancias. Es decir, abrir una suerte de concurso de acreedores con un proceso extrajudicial previo para intentar dar solución al sobreendeudamiento en el que se encuentre. Pero no parece que hoy se hablara de eso.

El Gobierno tiene también sobre la mesa las propuestas de Izquierda Unida. Rajoy recibió por primera vez en esta legislatura a Cayo Lara y el líder de Izquierda Unida le pidió que no limite la búsqueda de acuerdo a un partido, el PSOE, que es, reprochó, «responsable de 300.000 desahucios y que rechazó sistemáticamente todas las iniciativas que IU propuso la anterior legislatura para frenarlos».

Entre las propuestas del coordinador general de la coalición de izquierdas está la de crear una agencia de vivienda pública con el stock de las casas procedentes del banco malo o que éste firme convenios con diferentes agencias locales o autonómicas, entidades sin ánimo de lucro o redes de intermediación social para poder ampliar el parque de vivienda de alquiler social dedicado a las familias que han sido desahuciadas.