Los deberes de Rajoy hasta 2014

Los compromisos del Ejecutivo de Mariano Rajoy para reducir el déficit en la medida de sus posibilidades se consideran estrechamente vinculados a la continuidad de su plan de reformas. Algunas, como la financiera, tienen un calendario claramente definido, porque responden a las exigencias del memorando pactado con la Unión Europea. La Comisión confía, además, en que el Gobierno del PP active la puesta en marcha de los cambios que deben garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y de aquellos otros que supongan una sustancial mejora de la eficiencia de las administraciones.

Un segundo rescate: La posibilidad de que España pida al Banco Central Europeo que active el programa de compras de deuda planea sobre la agenda del Ejecutivo. Y con ella la 'estricta condicionalidad' que el presidente del instituto emisor de la moneda única se propone imponer a los demandantes, al hacerles pasar por la solicitud paralela de ayuda a los fondos de rescate europeos. Los plazos corren y todo apunta a que tendría que ser el MEDE (de carácter permenante) el que proporcione los recursos. Si la prima de riesgo se estabiliza por encima de los 400 puntos básicos, la petición de auxilio sería inevitable, y los ajustes tendrían que ser pactados y posteriormente supervisados por la 'troika'. La primera prueba de fuego de la credibilidad del Gobierno tendrá lugar este mismo jueves, con la colocación por el Tesoro de bonos a tres, cinco y también a veinte años de plazo. Desde julio de 2011 no se emite papel de tan largo plazo como esta última propuesta.

Reforma financiera: El Banco de España y el ministerio de Economía están embarcados en la búsqueda de capital privado para el 'banco malo'. La Sareb, que es su nombre oficial -un acrónimo que responde a la denominación de Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria-, empezará a funcionar en diciembre con unos 45.000 millones de euros en activos tóxicos aportados por las entidades en manos del Estado, que se los venderá con un descuento medio del 63 % para garantizar a quien invierta en ella una rentabilidad futura del 14 %. En paralelo, las entidades que precisan de ayudas públicas han de presentar sus planes de reestructuración: si Bruselas no les diera el visto bueno, algunas podrían ser liquidadas. Lo previsible es que salgan a subasta.

Viabilidad de las pensiones: Al margen de la forma en que se resuelva la actualización de las pensiones este mismo año, o su revalorización en el próximo ejercicio, la reforma que los socios europeos demandan a España es la que permitirá garantizar la viabilidad del sistema en el medio y largo plazo. Para conseguirlo se ha previsto acordar, en el seno del Pacto de Toledo, el denominado factor de sostenibilidad. Se trata de que tanto el derecho a la prestación como la cuantía y su adecuación en el tiempo se adapten a la esperanza de vida. En el futuro podrían tomarse en cuenta otras circunstancias.

Energía sostenible. Un proyecto de ley que incorpora cargas fiscales a los distintos tipos de tecnologías en la generación eléctrica se encuentra ahora mismo en tramitación en el Congreso de los Diputados. No es una solución definitiva, porque si bien proporcionará recursos para aliviar el déficit de tarifa -diferencia entre los costes reconocidos y los ingresos generados- deja pendiente de resolver el sistema que determinará el precio de la electricidad de todo tipo de consumidores. Ahora mismo, los industriales que realizan un consumo energético intensivo, aunque están en el mercado disfrutan de compensaciones para poder competir en condiciones parecidas a las del resto de los productores europeos. El Gobierno tiene previsto, además, sacar de la tarifa protegida a buena parte de los usuarios domésticos.

Administración eficiente. La reforma de las administraciones públicas es otra de las asignaturas pendientes anunciada en múltiples ocasiones, que no acaba de ponerse en marcha. Este mismo miércoles se ha constituido una comisión de estudio, que tendrá que presentar antes del 30 de junio la propuesta de reforma integral de las administraciones, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, atendiendo al coste de todos los servicios públicos para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y que existan organismos como las embajadas autonómicas. Algo más avanzados están los planes de ajuste en las empresas públicas. AENA ya ha presentado un Expediente de Regulación de Empelo y se prevén proyectos para reducir costes en otras compañías.

Mercados más abiertos. Para mejorar la competitividad de la economía española, el Gobierno estudia suprimir las trabas a la libre circulación de productos y eliminar barreras administrativas a la apertura de negocios. La concentración de organismos reguladores se sitúa en este ámbito, porque puede representar ahorros y un aumento de efectividad. La Comisión Europea no tiene claro que este nuevo sistema propuesto no vaya a restar independencia a los supervisores de servicios públicos (telecomunicaciones y energía, entre otros).