El Gobierno y el PSOE abren hoy el diálogo para paliar el drama de los desahucios

«Sin prejuicios y sin descartar nada». Esa es la actitud con la que, según el PP, se va a enfrentar el Gobierno a sus conversaciones con el PSOE para hacer frente a un problema, el de los desahucios, que llega ya a la categoría de drama para miles de familias en España. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reúne hoy con la número dos de los socialistas, Elena Valenciano, para discutir la propuesta legislativa que los socialistas registraron ya en el Congreso hace unos días o plantear, en todo caso, otras fórmulas que permitan llegar adonde no ha llegado el Código de Buenas Prácticas Bancarias que el Ejecutivo impulsó hace ocho meses.

Los socialistas temen que el Gobierno no esté dispuesto a abordar una reforma del ordenamiento jurídico que sea de obligado cumplimiento para las entidades financieras. La adhesión al Código en vigor es voluntaria y además solo se aplica a quienes se encuentren en el «umbral de exclusión», lo que implica, entre otras cosas, que todos los miembros de la unidad familiar estén el paro y que no dispongan de otros bienes o derechos patriomoniales.

Rajoy reconoció que la iniciativa no ha funcionado como se esperaba. El Consejo General del Poder Judicial calcula que al día se ejecutan más de 300 hipotecas y el propio portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, subrayó que en 2012 el número de desalojos ha aumentado en un 20%. Pero no despejó la incógnita de si simplemente pretende ampliar los supuestos en los que las familias se pueden ver beneficiadas por el actual marco legislativo o algo más. «Estamos dispuestos a ser eficaces, pero hay que ser pragmáticos», dijo.

En la Moncloa, donde ayer por la tarde se reunió por segundo día consecutivo la comisión interministerial coordinada por el Ministerio de Presidencia y compuesta también por Justicia, Economía y Hacienda, aseguran que es posible «ir más allá». Y plantean que «lo importante quizá no sea tanto que no se ejecuten las hipotecas como que las familias no se queden en la calle».

Alquiler forzoso

En este sentido, el PSOE anunció ayer una enmienda al proyecto de ley de fomento del alquiler, que se tramita en el Congreso, para obligar a los bancos que han recibido ayudas públicas a dedicar al alquiler social las viviendas que han sido desalojadas, pero que permanecen cerradas tras una subasta desierta. La idea no es nueva. Ya la presentó la Izquierda Plural en forma de proposición de ley el pasado septiembre, pero el PP se la echó abajo.

La idea es que en esos casos se fije un precio por debajo del mercado y que se «priorice» en el acceso las familias que se encuentran en la calle tras desahucios producidos por una situación de «insolvencia sobrevenida». Sería, según defiende ahora el PSOE, una solución para quienes ya se han quedado sin vivienda, un colectivo al que de nada puede servir ya la proposición de ley que negociarán con el Gobierno, puesto que no tendrá caracter retroactivo.

Es dudoso, aun así, que su texto -en el que se propone bajar los intereses de demora de la hipoteca, impedir el desahucio de las familias que dedican más del 50% de sus ingresos a pagar deudas, abrir un plazo de negociación entre el banco y el titular de la casa durante el cual su expulsión quedaría paralizada o que el valor del inmueble durante la subasta nunca sea inferior a la tasación original- vaya a ser la base de las conversaciones entre Sáenz de Santamaría y Valenciano.

El Ejecutivo llegará a la mesa con su propia propuesta. Y lo único que parece claro es que quiere un pacto. «Espero que haya una decisión equitativa y justa a la mayor celeridad posible y de aplicación inmediata», dijo ayer Rajoy en la cadena Cope. Él ya ha hablado con Alfredo Pérez Rubalcaba sobre este asunto. El líder del PSOE le instó a abordar la cuestión hace una semana, en el pleno informativo sobre el último Consejo europeo y el jefe del Ejecutivo recogió el guante, pero no trataron detalles.

Las conversaciones, según aseguró Alonso, se ampliarán en una etapa posterior al resto de los grupos de la Cámara. IU, ICV y CHA han presentado a lo largo de este año, y también en la legislatura pasada, numerosas propuestas relativas a este asunto que han caído en saco roto, y ahora quieren poder participar. «Bienvenidos al mundo real», ironizó su portavoz ocasional, Chesús Yuste.