Griñán y Chaves esquivan los ERE

La comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, que el 22 de noviembre aprobará su informe sobre el mayor caso de corrupción del Gobierno autonómico, el llamado 'escándalo de los ERE', no exigirá responsabilidades a José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Solo el Partido Popular podría señalar en sus conclusiones al actual presidente de la Junta de Andalucía y a su antecesor como culpables políticos del fraude millonario a las arcas andaluzas durante casi una década, de 2001 a 2010.

Ni el informe de la Cámara de Cuentas, ni la documentación recabada en la administración autonómica, ni las comparecencias ante la comisión de cargos públicos, funcionarios e intermediarios en la concesión de las ayudas demuestran a las claras que Griñán y Chaves autorizasen o conocieran las irregularidades del procedimiento para conceder las ayudas. Esta es la percepción de IU, que tiene la llave en la votación de las conclusiones.

Crítica siempre con este caso de corrupción, su posición es ahora delicada al formar parte del gobierno de coalición con los socialistas desde mayo. IU dice, aun así, que el pacto con el PSOE no es «retroactivo». El PP, partido mayoritario en el Parlamento, advierte de que votará en contra del dictamen si IU accede a la presión del PSOE. Los socialistas no se plantean ni siquiera llegar a los consejeros de Empleo, uno de ellos, Antonio Fernández, en libertad con fianza después de pasar cinco meses en prisión, y centrarán la responsabilidad fundamental en Javier Guerrero, el exdirector general del departamento.

IU sí pedirá responsabilidades a la cúpula de la Consejería de Empleo, foco principal de la trama que derivó en un menoscabo de fondos públicos, aún por determinar, con la inclusión de prejubilados falsos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas arbitrarias y sin expediente preceptivo a empresas en crisis con cargo a la famosa partida 31L de los presupuestos, que en diez años sumó 721,7 millones. El posible fraude se estima en hasta un 25% de la partida.

Hasta ahora, se ha detectado que se entregaron 12,3 millones de euros a 126 intrusos, a 99 de los cuales la Junta les ha iniciado expediente de reintegro. También ha procedido a la revisión de oficio de 189 ayudas a empresas, que sumarían 141 millones de euros, aunque solo ha pagado 73,8 millones. El coste global de la partida 31L se calcula en 1.217 millones de euros, incluidas demoras y comisiones, según datos expuestos en el informe de la Cámara de Cuentas hecho público el lunes.

Las conclusiones del órgano fiscalizador de la administración pública andaluza son demoledoras. Tras ocho meses de trabajo, los auditores denuncian numerosas irregularidades de las que pueden derivarse «entre otras, responsabilidades contables y administrativas». Detallan el descontrol de unas ayudas que se concedieron «sin convocatoria pública ni bases reguladoras». Critican y consideran ajeno a la ley el procedimiento para conceder las subvenciones, mediante transferencia de financiación. Denuncian el abuso de la «discrecionalidad» en la concesión de las ayudas, sin publicidad preceptiva en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), ni fiscalización anterior o posterior a los pagos.

Muchos de los intrusos son familiares, amigos o cargos del PSOE. La mayor parte de las subvenciones a fondo perdido a empresas se concentraron en la sierra norte de Sevilla, ligada al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y a Javier Guerrero. Este firmó casi todas las ayudas cuando, según la Cámara de Cuentas, estaba fuera de sus competencias.

Los informes clave

El órgano fiscalizador corrige el borrador primero y acaba por no culpar a la Intervención General de la Junta por no emitir un informe de actuación, una señal roja que hubiera alertado al Gobierno de menoscabo de fondos públicos. La Intervención sí emitió desde 2005 hasta 15 informes de fiscalización en los que avisó de las irregularidades en el procedimiento, que no fueron atendidas. El interventor general entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, se ha convertido en uno de los protagonistas de la comisión de investigación. Cuando acudió a esta defendió sus continuas advertencias, que eran dirigidas a los consejeros de Empleo, Innovación y Economía y Hacienda. En estos informes radica la gran polémica que debe dirimir la comisión de investigación para concluir si José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda desde 2004 a 2009, conoció los mensajes de advertencia.

El actual presidente andaluz negó que llegara a verlos, dado que no es obligatorio que los reciba si no hay alerta de actuación. Ante la comisión, Griñán recriminó a la Intervención que no emitiera señales rojas y concluyó que no lo hizo porque no percibió que hubiera menoscabo de fondos públicos. «Nunca, nunca, me llegaron los informes», dijo.

El PP mantiene que Griñán sí conoció los informes porque la ley dice que deben remitirse al consejero de Hacienda. «Si él dice que no los leyó, pues hizo dejación de funciones, pero a él se los enviaron», asegura el diputado del PP Rafael Carmona, miembro de la comisión de investigación. Sostiene que uno de los escritos tiene acuse de recibo del entonces consejero. El portavoz de IU y miembro también de la comisión parlamentaria, José Antonio Castro, afirma que cualquier funcionario autorizado puede firmar un acuse de recibo con el socorrido 'por orden'. «Se han acumulado un montón de pruebas que dicen que Griñán no conoció los informes», afirma.

El dictamen con las conclusiones definitivas deberá ser aprobado por la comisión el día 22, para ser llevado al pleno en la última semana de este mes. PP, PSOE e IU tienen de plazo para registrar sus propuestas hasta el martes próximo. Los grupos tendrán que ponerse de acuerdo a la hora de votar un dictamen no solo con nombres, sino también con recomendaciones, pero por ahora las diferencias son notables.