El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en su despacho. :: LA VOZ
CAMPO DE GIBRALTAR

Picardo permitirá a los pescadores españoles faenar si solicitan permiso

Avisa de que España no le presionará con colas en la verja y avanza nuevas medidas jurídicas para defender la soberanía de las aguas en disputa

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, no va a llegar a ningún acuerdo con los pescadores gaditanos que quieren seguir faenando en las aguas que rodean el Peñón, aunque abre la puerta a que puedan pescar con permiso previo de las autoridades de la Roca, siempre que lo hagan respetando la ley gibraltareña en la materia.

En una entrevista con Europa Press, Picardo aclara que su Gobierno «no va a hacer un acuerdo con nadie» para superar el conflicto que mantiene con la flota de las localidades gaditanas de La Línea de La Concepción y Algeciras porque «los Gobiernos no deben hacer acuerdos con los ciudadanos de su país o de otro en relación a cómo se aplica la ley», en este caso, una norma de 1991 que prohíbe ciertas artes de pesca que los pescadores gaditanos emplean.

No obstante, se dice dispuesto a buscar una solución -incluso revisando la ley de 1991- que permita pescar a los 60 barcos de las dos cofradías en ciertas condiciones si los científicos, a quienes ha encargado un estudio medioambiental de la zona, concluyen que se puede mantener una actividad de «pesca comercial artesanal» sin esquilmar los fondos.

El conflicto se remonta a marzo pasado, cuando el nuevo Ejecutivo gibraltareño rompió de manera unilateral, tal y como prometía en su programa electoral, un acuerdo de 1999 entre el Gobierno anterior y los pescadores que permitía a estos faenar sin apenas restricciones -es decir, sin necesidad de cumplir la ley local de 1991- dentro de las tres millas náuticas que Gibraltar reclama como aguas territoriales, pero que España no le reconoce.

Picardo está a la espera de recibir «en 14 o 21 días» el informe científico que ha encargado. En función de sus conclusiones, el Gobierno de Gibraltar decidirá si permite seguir pescando o no y en qué condiciones.

«Son nuestras aguas y si alguien va a faenar ahí tendrá que hacerlo, vamos a decir, con licencia, con permiso del Ejecutivo de Gibraltar», afirma tajante. El problema estriba en que los pescadores quieren seguir faenando como lo han hecho en los últimos años porque consideran que esas aguas son de soberanía española y, por tanto, no tienen por qué someterse a las normas gibraltareñas.

Conflicto jurisdiccional

En opinión de Picardo, «no es posible» aparcar la disputa de la soberanía para resolver este conflicto como hizo el anterior Ejecutivo gibraltareño de Peter Caruana por dos motivos.

«Primero, estas familias que yo vea no están sufriendo para nada porque están pescando en otras zonas sin ninguna dificultad y ellos mismos han dicho que nada más vienen aquí a pescar muy de cuando en cuando. No es que Picardo no permita a 60 familias ganarse la vida. Nunca haría tal cosa», argumenta.

Y en segundo lugar, continúa, porque la única ley que puede regir en las aguas «británicas de Gibraltar» es la gibraltareña, por lo que no se puede hacer un acuerdo para que esa norma no se aplique.

En un mensaje al Gobierno español, Picardo asegura no sentir «presión ninguna» para resolver el conflicto cada vez que la Guardia Civil intensifica los controles en la Verja, provocando largas colas de vehículos y transeúntes para acceder al Peñón.

«No negocio la ley de Gibraltar por lo larga que sea la cola», advierte, y apunta que la intensificación de los controles en la Verja perjudica sobre todo a los alrededor de 10.000 españoles que se desplazan a diario al Peñón para trabajar.

El refuerzo de los controles en la Verja «lo único que hace es demostrar que España usa la frontera de una manera ilegal e inmoral», denuncia. «Hacer esperar al trabajador seis horas es medieval», insiste.

Picardo ha revelado que su Gobierno sigue estudiando fórmulas para anular la presentación ante la Comisión Europea por parte de España de un hábitat natural (o LIC, en la jerga comunitaria) que incluye las aguas en disputa, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE rechazó este verano un recurso de Gibraltar contra ese hábitat español «ilegal».