El Gobierno rechaza gestos penitenciarios para lograr la disolución de ETA

Ni diálogo, ni negociación. Ni siquiera un «mínimo gesto» en la política penitenciaria a cambio del fin de ETA. El Gobierno, convencido de que está en el «camino correcto», se mantiene inamovible: la disolución de la banda terrorista tiene que llegar por sí sola, sin que medien contactos o promesas. Ni siquiera tras un hipotético anuncio de disolución -explican responsables del Ejecutivo- habría negociación con los terroristas. «Entonces, y solo entonces -señalan- podrían estudiarse los acercamientos individualizados de presos», pero nunca traslados colectivos.

Es la respuesta a las informaciones periodísticas que apuntan a que ETA plantea su disolución a cambio de un giro en la política de presos y que así se lo habría hecho a saber a la izquierda abertzale. El Ejecutivo dejó en manos del ministro del Interior la nueva demostración de firmeza. «El Gobierno no ha negociado ni negocia ni va a negociar con una organización terrorista. Lo hemos dejado muy claro desde el principio. Y es lo que hay», apuntó Jorge Fernández Díaz, quien insistió en que cualquier especulación sobre la desaparición definitiva de ETA que se base en posibles contactos entre el Ejecutivo y la banda parte simplemente de una «premisa falsa» porque, explicó, nunca ningún representante del Gobierno se sentará para discutir la disolución de la organización armada.

El titular de Interior dijo no tener «duda» de que la intención de los terroristas sería la de «negociar con el Gobierno el futuro de sus presos» y que «evidentemente estaría dispuesta a disolverse, desmantelar sus estructuras y entregar las armas a cambio de un acuerdo con los presos». Pero negó tajantemente cualquier paso en ese sentido. «Cuando negocias entiendes que tu interlocutor tiene razones y una organización terrorista no tiene ninguna razón con la que se pueda llegar a un acuerdo», apostilló Jorge Fernández.

Lo cierto es que desde que Fernández se hizo cargo de Interior desde luego no ha habido ningún movimiento penitenciario que pudiera interpretarse como un gesto a ETA. Es más, al contrario. Cerca de 60 presos de la organización terrorista han sido traslados a prisiones aún más alejadas del País Vasco, incluidos reclusos críticos con ETA, a los que el Gobierno socialista había acercado a las cárceles de Aragón y Asturias. Desde que el Partido Popular llegara al poder, no ha habido ni un solo acercamiento destacado en la colonia penitenciaria etarra, compuesta al día de hoy por 450 internos dispersos en 45 centros.

Inamovible

Según explicaron responsables del Ejecutivo este miércoles, la hoja de ruta del Gobierno sigue inamovible: la única vía para que los presos mejoren sus condiciones es que se acojan al denominado 'Plan Integral de Reinserción', presentado el 26 de abril, y que recoge que podrán cumplir su condena en Euskadi si firman una ruptura «pública» con la banda, aun sin pedir perdón a sus víctimas. Casi seis meses después, ni un solo recluso de la banda armada se ha acogido a la oferta, según admitieron responsables de prisiones.

Hay otro punto que reafirma al Ministerio del Interior en su estrategia de no hacer gestos en las cárceles. A pesar de las informaciones periodísticas que apuntarían a que ETA ofrecería su desaparición a cambio de mejoras para sus presos, los documentos internos de la banda terrorista en poder de las fuerzas de seguridad no apuntan, ni mucho menos, a esa dirección. Desde agosto el Ministerio del Interior tiene en su poder una ponencia redactada en marzo por la cúpula de la organización en la que los jefes de ETA plantean a sus militantes que la banda siga sin disolverse y continúe existiendo en la clandestinidad, eso sí como una suerte de corriente dentro de la izquierda abertzale y sin utilizar la violencia.