Hacienda estrecha el cerco contra los defraudadores fiscales

El Gobierno estrecha el cerco sobre los defraudadores. Hoy entra en vigor la ley antifraude «más ambiciosa de la democracia», una vez concluido el trámite parlamentario y después de su publicación, ayer, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, y supone un «complemento perfecto» al plan de regularización de rentas ocultas (la amnistía fiscal) puesto en marcha el pasado 30 de marzo, según destaca en un comunicado el Ministerio de Hacienda.

La norma contempla medidas como la limitación a 2.500 euros del pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales, o la obligación para todos los contribuyentes de informar sobre las cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero. Además, se excluye del régimen de módulos a un determinado sector de empresarios.

La ley antifraude entra hoy en vigor con carácter general, excepto el artículo referido al límite de pago en efectivo, que lo hará dentro de 20 días. Es esta una de las medidas «más ambiciosas» introducidas en el texto, y que se inspira en la experiencia legislativa de países como Francia e Italia. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito. Quienes la incumplan se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. La sanción será asumida de forma solidaria por el pagador y el cobrador. Si una de las partes implicadas en este tipo de operaciones denuncia a la otra, se librará de la multa «si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria».

La ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (esa es su denominación oficial) proporciona herramientas para poner coto a la evasión de impuestos. Obliga a los contribuyentes a informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Se incluyen en este apartado todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras, así como valores o seguros de vida y bienes inmuebles.

Régimen de módulos

Otra de las grandes novedades de la ley antifraude es la exclusión del régimen de módulos a los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año. La medida afecta a profesiones como la albañilería, la fontanería, la carpintería, y el transporte de mercancías por carretera.

La ley antifraude contempla medidas destinadas a reforzar la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria, y perseguirá a aquellos que intenten incumplir sus obligaciones fiscales, bien sea retrasando el pago, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio. La norma endurece además las sanciones por resistencia, obstrucción, excusas o negativa a las actuaciones inspectoras con multas que van desde los 1.000 a los 600.000 euros.