El Gobierno reduce las condiciones para despedir en el sector público

La pérdida de empleo en el sector público ha superado a la del sector privado en el tercer trimestre de este año con un ritmo de destrucción de empleo público que duplica al privado. Estos datos se van a quedar cortos con lo que parece que está por venir. A partir de ahora, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y todas las administraciones públicas podrán realizar despidos colectivos cuando baje su presupuesto o transferencias un 5% en un año o un 7% en dos años, según el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo que ayer publicó el BOE.

La norma se aplica al personal laboral (unas 700.000 personas) pero no a los funcionarios. También podrán despedir los entes, organismos y entidades públicas que tengan esas mismas reducciones presupuestarias. En todos los casos, la administración pública en la que se integre el departamento, ente u organismo que proceda a los despidos colectivos deberá haber registrado déficit presupuestario en el ejercicio anterior, lo que en estos momentos se produce en todas.

El reglamento establece que se entenderá que concurren causas económicas para el despido cuando haya una «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos». La insuficiencia se considerará persistente si se produce a lo largo de tres trimestres consecutivos.

El Reglamento aprobado reduce las exigencias respecto al borrador inicial, ya que en éste se exigía que la reducción del presupuesto fuera del 10%, el doble de lo que ahora se pide. También las empresas públicas -con más del 50% de capital público- podrán aplicar el reglamento de despidos colectivos con las mismas condiciones que para la Administración. En la actualidad, hay unos 140.000 asalariados de empresas públicas.

Temor sindical

Los sindicatos temen que la aprobación de este reglamento suponga un empuje a los despidos colectivos en el sector público, especialmente en los ayuntamientos, universidades y empresas públicas.

Para la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), el reglamento aprobado es «más dañino» que el borrador remitido al Consejo de Estado este verano y llama la atención sobre que el Gobierno lo ha aprobado en cuanto han pasado las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco. Según UGT, existe un «ensañamiento del Gobierno con el personal laboral del sector público, al impedir legalmente la aplicación de medidas menos dañinas para el empleo» como los expediente de regulación de empleo temporal o la reducción de jornada.

Para el sindicato, la intención es «el recorte del empleo de la manera más barata posible». Los despedidos tienen una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses, como estableció la reforma laboral.

Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF rechaza el decreto porque, dice, «una vez más el Gobierno vuelve a cargar sobre los empleados públicos las medidas de sacrificio en la salida de la crisis». CSIF, que la semana pasada decidió no secundar la convocatoria de huelga general el 14N, avisa que «combatirá uno a uno por la vía judicial todos los despidos en el sector público».

El Reglamento publicado en el BOE también incorpora la obligatoriedad de que las empresas del sector privado que lleven a cabo un despido colectivo de más de 50 trabajadores presenten un plan de recolocación externa a través de empresas autorizadas.

De otro lado, el 47% de las empresas han realizado despidos y el 40% han utilizado algún tipo de medida de flexibilidad interna prevista en la reforma laboral, según el Primer Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral puesto en marcha por la Fundación Sagardoy, el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Adecco.