Tres millones de funcionarios, la mitad de ellos en las autonomías

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa conocida ayer, 2,99 millones de personas trabajan en el sector público. Casi uno de cada seis trabajadores depende de alguna administración. Un colectivo muy amplio que se va a ver afectado, sin duda, por el adelgazamiento de las administraciones que persigue el Gobierno para hacer viable el Estado de las Autonomías. Sobran funcionarios, a juicio del Gobierno, porque muchos trabajan en instituciones, departamentos o empresas condenadas a desaparecer si el objetivo de evitar las duplicidades va en serio.

La mitad de estos trabajadores públicos cobra su nómina de las administraciones autonómicas, algo más de la quinta parte está colocado en los ayuntamientos y diputaciones, otro quinto, en la administración central y el resto, poco más de cien mil personas, trabaja en las universidades.

Pero no todos parten de la misma posición. Los gobiernos, sean autonómicos, municipales o el central, prescindirán antes de los contratados laborales, personas colocadas de forma temporal o indefinida en el sector público sin haber superado una oposición, que de los funcionarios propiamente dichos, que sí pasaron un selectivo examen para ingresar en la administración. De acuerdo al último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal de las administraciones, el 21% de los empleados de la administración central son contratados, el 11% en las comunidades autónomas, el 59% en los consistorios, y el 35% en los centros superiores de educación.

De los casi tres millones de empleados públicos, más de la cuarta parte no son funcionarios que tienen, en principio, garantizado su puesto laboral.