El Gobierno endurecerá la jubilación anticipada y parcial

El Gobierno enviará la próxima semana a la Comisión del Pacto de Toledo un informe donde se propone restringir el acceso a la jubilación anticipada. En el informe se analiza la situación actual y todas las posibilidades para endurecer tanto la jubilación anticipada como parcial. Entre esas alternativas se encuentra subir la edad de jubilación anticipada que, en estos momentos, es de 61 años de edad si se ha perdido el empleo de forma forzosa y 63 años si es voluntaria. El Gobierno quiere elevar dicha edad en línea con lo que ya se ha subido la edad legal de jubilación, que pasa de 65 a 67 años tras la última reforma de las pensiones, un incremento que se hará de forma progresiva a lo largo de un periodo transitorio que concluye en 2027. El Gobierno entiende que la jubilación anticipada se ha convertido en una forma de regulación de empleo y que debe modificarse esta situación.

Además, el informe elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social plantea aumentar el número de años cotizados para poder tener derecho a la prejubilación, que en la actualidad está situado en 33 años. Por último, figura la posibilidad de subir los coeficientes de reducción de la pensión por cada año en que se adelante la jubilación. En estos momentos, la pensión se reduce entre un 6,5% y un 7,5% por cada año que se adelante respecto a la edad legal.

La edad media real de jubilación de los españoles se sitúa en los 63,6 años por el efecto de las jubilaciones anticipadas. Una de cada dos personas que llega al retiro lo hace antes de la edad legal, con una pensión media que supera en 110 euros la del resto de los pensionistas (1.344 euros mensuales frente a 1.234 euros), según datos del Ministerio de Empleo.

Las jubilaciones anticipadas se han incrementado un 31% desde el comienzo de la crisis en 2007. Muchos de estos prejubilados llegan obligados por haber sido afectados por un expediente de regulación de empleo en su empresa. Estas alternativas, junto con el endurecimiento para acceder a la jubilación parcial, serán presentadas por el Gobierno a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo donde se debatirán y aprobarán las reformas.

Pensión y trabajo

En lo que se refiere a la jubilación parcial, el Gobierno baraja incrementar la edad de acceso desde los 61 años en que se permite ahora hasta la edad legal de jubilación. Es decir, que no habría jubilación parcial anticipada. También propone aumentar el periodo mínimo de cotización exigido para poder acceder a ella desde los 30 años actuales hasta los que impliquen el cien por cien de la base reguladora, que pueden llegar a ser 38 años y medio.

También plantea la alternativa de introducir coeficientes reductores que ahora no existen y modificar la jornada laboral compatible con la percepción de la pensión, que actualmente es de un mínimo del 25%. Según el Ministerio de Empleo, durante el tiempo en que se simultanease la pensión y el trabajo se podría garantizar el cobro de un porcentaje de la pensión que incrementase el atractivo para prolongar la vida laboral activa. Esto también se aplicaría a los autónomos.

CC OO ha mostrado su «máxima preocupación» por las medidas que pueda adoptar el Gobierno en materia de pensiones y ha advertido de que si los cambios se hacen sin negociarlos con los agentes sociales será «el camino contrario del que debe recorrer».

El próximo 1 de enero entra en vigor la reforma de las pensiones que se aprobó en 2011 y cuyas principales medidas consisten en retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación, aunque se mantiene en 65 años para los que hayan cotizado 38 años y seis meses. Los nuevos requisitos se introducen de forma gradual entre 2013 y 2027. El cálculo de la pensión se realizará con los últimos 25 años cotizados, en lugar de los 15 actuales, aunque también este aumento se hará de forma progresiva hasta aplicar definitivamente los 25 años a partir de 2022.