Las nucleares españolas, en la encrucijada

La seguridad de las centrales nucleares es como la de los automóviles, está siempre en un proceso de mejora continúa. Pero tras el accidente de la instalación japonesa de Fukushima, en marzo de 2011, se produjo un antes y un después. Una nueva ola antinuclear recorrió el mundo y la Unión Europea emprendió una campaña para redoblar la protección de sus plantas ante posibles amenazas naturales o terroristas.

En España, las seis centrales en funcionamiento tienen hasta 2016 para ampliar los planes de emergencia y reforzar parte de su equipamiento para estos casos extremos. Estas exigencias proceden de los llamados test de estrés realizados durante 2011 y 2012 en 132 reactores ubicados en 14 países de las UE, además de 15 reactores en Ucrania y cinco en Suiza.

En el caso español, el informe reconoce los avances logrados, como la prevención de inundaciones, pero sugiere que las plantas deberían tener unos planes específicos para terremotos, temporales, tsunamis o ataques terroristas aéreos.

Esto incluye sistemas de ventilación en el recinto del reactor, mecanismos para prevenir explosiones de hidrógeno u otros combustibles gaseosos y cuadros de suministro eléctrico alternativos en caso de apagarse el reactor.

Solo la planta de Trillo (Guadalajara) cumple alguna de las recomendaciones, por lo que ésta y las demás instalaciones deberán hacer millonarias inversiones en los próximos cuatro años para alcanzar los estándares europeos. Nada menos que entre 30 y 200 millones de euros por cada reactor. Y si en España hay ocho en activo (siete si cierra Garoña, como todo parece indicar) la orquilla asciende a entre 210 y 1.400 millones hasta 2016.

En este punto se abre un debate sobre el futuro del sector nuclear español. Primero, por la incertidumbre de las eléctricas sobre la viabilidad del modelo, dada las importantes inversiones que se tienen que realizar en los próximos años. Segundo, por la poca confianza que les inspira el pago al déficit tarifario eléctrico, una factura del Gobierno que asciende a 24.000 millones. Y en tercer lugar, por la previsión del Ministerio de Industria de aprobar un nuevo impuesto para el sector energético. Un gravamen que los expertos dan por hecho que encarecerá la electricidad de origen atómico en torno al 5% de media.

Panorama sombrío

Con este sombrío horizonte, agravado por las ulteriores consecuencias del accidente de Fukushima, el replanteamiento del modelo nuclear nacional está servido.

Se trata de una industria con centrales nucleares antiguas, que generan el 18% de la electricidad consumida (en Francia alcanza el 70%), que son caras (el sector privado solo invierte en ella si tiene un fuerte apoyo público, según los expertos) y sucias, ya que se necesita un alto consumo de agua que no tiene resuelta la gestión de residuos y genera respuesta entre las organizaciones ecologistas.

En España se van a invertir 1.000 millones en un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas (Cuenca) para que la factura de enviar determinados materiales radiactivos a Francia, por ejemplo, «no nos cueste un ojo de la cara», aseguró la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, en una jornada sobre las pruebas de resistencia de las centrales celebrada ayer en Madrid.

Martínez Ten fue tajante y señaló que las compañías deben realizar «cueste lo que cueste» modificaciones de diseño e inversiones «muy costosas» en seguridad, pese a que las seis centrales (Ascó y Almaraz tienen dos reactores) cumplen las especificaciones de la UE.

El Consejo de Seguridad Nuclear va a presentar, antes del 31 de diciembre, el plan de acción a Bruslas y en el primer trimestre de 2013 habrá una reunión para hacer un seguimiento de implantación de estas medidas. Por último, la presidenta recordó que España aprobó en mayo de 2011 una nueva normativa que incrementa las polizas en casos de accidentes nucleares a 1.200 millones por cada central.