El laberinto constitucional de Egipto

Se ha tardado casi tantos meses en elegir a sus autores como en redactarla. De hecho, esta es la segunda y polémica Asamblea Constituyente y, como su antecesora, podría ser disuelta la semana que viene por un tribunal, devolviendo todo el proceso a su punto de partida. Pero Egipto ya tiene un borrador para su futura Carta Magna, que definirá su identidad como nación, y que ha conseguido despertar un rechazo por igual entre seculares y salafistas.

La nueva Constitución pone en peligro derechos fundamentales como la libertad religiosa -solo reconoce el Islam, el cristianismo y el judaísmo-, la de expresión o la igualdad de género, aseguran desde el flanco laico. Los salafistas, sin embargo, que se sienten traicionados por los Hermanos Musulmanes, consideran que no hay suficiente religión en el borrador, y presionan para una introducción más explícita de la sharia o ley islámica.

Uno de los artículos más polémicos es el que se refiere a la igualdad entre el hombre y la mujer «según los mandamientos de la ley islámica». Se trata del único artículo que incluye esta condición, y los analistas aseguran que se ha introducido para contentar a los salafistas, que no han conseguido modificar la Constitución para que la sharia sea la única fuente del Derecho en Egipto (aunque sus principios siguen siendo la «fuente principal» del Derecho). Sobhi Saleh, un miembro de la cofradía y de la propia Asamblea Constituyente, ha llegado a asegurar que este artículo sobre la mujer era necesario para evitar que el país se viera obligado a cumplir tratados internacionales de los que es signatario, «que podrían forzarnos a aceptar e incluso legislar a favor del matrimonio homosexual o para acabar con la poligamia». Tener que aceptar la igualdad de género en la legislación sobre las herencias es otra de sus preocupaciones.

«Poner este tipo de condiciones para la igualdad es peligroso. Ya existía en la anterior Constitución, pero entonces no teníamos un Gobierno y un presidente islamista», asegura Fatma Jafagy, activista de la Alianza para las Mujeres Árabes. En opinión de esta especialista en igualdad de género, que ha trabajado con la Comisión Europea y con la ONU, la nueva Constitución no criminaliza la discriminación por género, asigna a las mujeres roles tradicionales de esposa y madre, y elimina la prohibición del tráfico de mujeres y niños porque, según mantenían algunos miembros de la Asamblea Constituyente, «ese fenómeno no existe en Egipto».

El artículo 9, que asegura que la familia es «la base de la sociedad», obliga al Estado a «proteger los auténticos valores egipcios, asegurar su estabilidad y proteger sus tradiciones y valores morales». «¿Cuáles son las tradiciones y los valores morales de la familia egipcia?», se pregunta Jafagy, quien asegura que el borrador está plagado de vagos conceptos «morales». «Este artículo deja la puerta abierta a que un hombre denuncie a su esposa porque considere que no cumple con los valores morales. Es una intromisión en la vida privada de las familias», asegura la analista.

Ambigüedad

Libertades fundamentales como las de expresión, información o manifestación son recogidas en la Constitución, pero con condiciones como «que no pongan en peligro la seguridad nacional». «La mayor parte del borrador está redactado con una terminología tan general que se presta a la ambigüedad», denuncia Jaled Azzad, un miembro del nuevo partido Al-Dustur (la Constitución). El pasado viernes su formación se manifestó junto a otras fuerzas políticas laicas en la plaza Tahrir en contra del dominio islamista y de una Constitución «fácilmente manipulable por el poder», sostiene este informático.

Muchos de estos artículos, sin embargo, apenas han sufrido transformación alguna con respecto a la anterior Carta Magna, algo que enfurece a muchos activistas. «No hemos hecho una revolución para encontrarnos con una Constitución que apenas modifica la anterior», explica Ahmed Harara, uno de los activistas que se convirtió en un símbolo de la revolución después de quedarse ciego. «El órgano que ha redactado la Constitución no representa a todos los ciudadanos egipcios, y eso es lo único que pedimos», reivindica.

La amplísima mayoría de la Asamblea Constituyente son islamistas, muchos de ellos diputados del Parlamento disuelto el pasado junio. Su composición fue llevada ante los tribunales, que el próximo martes podrían dictaminar en su contra y disolverla. El presidente Mohamed Mursi será entonces el encargado de nombrar a las cien personas que tendrán que empezar el proceso desde el principio. «Esperemos que Mursi nos escuche entonces», mantiene Harara.

«La Constitución no va a cambiar nada», admite, no obstante, Amr Shakalani, profesor de Derecho en la Universidad Americana de El Cairo. «Nuestro problema es que somos pobres y explotados, no tenemos educación y la Carta Magna por sí misma no es suficiente, necesitamos voluntad política», señala Shakalani.