Italia no sale de 'Tangentopoli'

El primer ministro italiano, Mario Monti, tuvo que aguantar el otro día con toda su flema que el emir de Catar le soltara que prefería no invertir en Italia por sus niveles de corrupción. En la lista de Transparency International Italia ya está en el puesto 69, con Ghana y Macedonia -España, en el 31-, pero la avalancha de escándalos del último año ha llegado a límites nunca vistos. Los símbolos definitivos han sido la caída de los gobiernos regionales de dos bastiones como Roma y Milán, del partido de Berlusconi.

En Lazio se ha destapado el uso personal del dinero destinado a financiar los grupos políticos, que ellos mismos se subieron de 1 a 14 millones y dedicaban a pisos, viajes y ostras. Las fotos de la célebre 'fiesta toga', pagada presuntamente con dinero público, con vestales y tipos con caretas de cerdo metiéndoles mano marcó un hito de cutrerío político. En Lombardía, amiguetes del presidente, Roberto Formigoni, 17 años en el cargo, le pagaban las vacaciones y recibían favores en contratos de sanidad. En un goteo de fechorías, 13 de los 80 diputados del parlamento regional están investigados, con cinco detenidos. Con el último se ha tocado fondo: Domenico Zambetti está acusado de haber comprado 4.000 votos por 200.000 euros a la 'ndrangheta, la potente mafia calabresa. Un voto, 50 euros.

Se sabía que este cáncer del sur estaba ya asentado en el norte, pero le ha estallado en la cara a los milaneses. Lo mejor, o lo peor, ha sido leer conversaciones grabadas a mafiosos en las que mostraban su desprecio por los políticos, vistos como personajes sin ninguna catadura moral. Al mismo tiempo, por primera vez en la historia, se disolvía el ayuntamiento de una capital regional por infiltración mafiosa, el de Reggio, en Calabria. Pero en todas las regiones, y en todos los partidos, surgen desfalcos, pues la autonomía de gasto que se dio a las regiones en 2001 se ha revelado un pozo de corrupción. Hasta el punto de que Monti pretende volver a centralizar competencias y acabar con el federalismo.

Los ciudadanos están muy quemados -al 12% alguien de la administración le ha pedido un 'sobrecito' en el último año- y ya reacciona contra la ilegalidad: las denuncias a evasores fiscales han aumentado este año un 228%. El jueves un motorista vio el coche oficial de la presidenta regional de Lazio, Renata Polverini, recién dimitida, y decidió seguirla. Lo grabó con su móvil y no fue defraudado: se metió en dirección contraria por el centro de Roma para ir a comprar unos zapatos. Esta gente parece irrecuperable.

«Vivimos una nueva 'Tangentopoli'», ha clamado esta semana la ministra de Justicia, Paola Severino. Son palabras mayores. Se refiere al ciclón judicial que se llevó por delante la clase política en 1992, también en coincidencia con una grave crisis económica, y acabó con los dos principales partidos, la Democracia Cristiana (DC) y el partido socialista de Craxi. Nació en Milán y se llamó 'Tangentopoli', metáfora de la ciudad de los ladrones, pues 'tangente' significa comisión ilegal, mordida. Pero es opinión general que de aquello no se aprendió nada y que lo de hoy no es un nuevo episodio, sino su última expresión. Siempre ha estado ahí. Italia, en resumen, hace cuentas con una era nefasta, la de Berlusconi.

Tras el cataclismo político de 1992 'Il Cavaliere' se presentó como alguien nuevo para romper con el pasado. No lo era, era amigo y financiador de Craxi, y a los pocos meses de llegar al poder, en 1994, también le llovieron las investigaciones. Hasta hoy, y con una respuesta política letal: la demolición de la legislación contra la corrupción. Durante esa década Italia no ha ratificado la convención contra la corrupción de Estrasburgo de 1999, que le impone endurecer su ordenamiento. También la OSCE y el Consejo de Europa lo piden pero en Italia parecen mandar los delincuentes. Desde luego en el actual Parlamento hay 22 diputados condenados.

Numerosos escándalos

Por fin este verano el Gobierno técnico de Mario Monti ratificó la convención. También se empeñó en sacar adelante una ley anticorrupción parada desde hace dos años, pero solo la apoteosis de escándalos le ha permitido imponerse a Berlusconi, que en la sombra la bloqueaba. Se oponía a cosas elementales como restaurar la falsedad contable y castigar el blanqueo de capital obtenido con la corrupción, el tráfico de influencias o la compra de votos con favores, enchufes o contratos, no solo con dinero. E intentó colar una norma que desactivara el proceso del 'caso Ruby'.

La crisis le ha dado una mano a Monti contra la corrupción, una «tasa inmoral y oculta» según el Tribunal de Cuentas. Se calcula que le cuesta a Italia 60.000 millones al año, roba un 3% a la facturación de las empresas, que en las obras públicas afrontan contratos inflados del 40%, y reduce las inversiones extranjeras del 16% -ahí está el emir de Catar-. Al final consiguió pasar el miércoles en el Senado. Fue un triunfo histórico, lo primero contra la corrupción en veinte años. Pero para lograrlo Monti tuvo que descafeinarla. Se ha reducido la prescripción de la conclusión. Tampoco se ha prohibido presentarse a las elecciones a políticos condenados, aunque se promete un próximo decreto. Italia sigue prisionera de su pasado.