Andalucía opta por la reducción de directivos para adelgazar el sector público

El Gobierno andaluz ha optado por la reducción de cargos directivos en las empresas o entes públicos para reducir costes antes que el despido de trabajadores, aunque este no esté descartado del todo. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, han sido las primeras esta semana en anunciar medidas de este tipo, pero fuentes de la Junta señalan que no serán las únicas.

Cortés ha programado la supresión de 30 puestos directivos en la Empresa Pública de Suelo (EPSA) que, con un millar de empleados y apenas trabajo por la ausencia de inversiones en infraestructuras, pesa como una losa en el presupuesto andaluz. El pasado verano había relevado a otros diez altos cargos. Montero, por su parte, también ha anunciado un recorte del 20% de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (63 de 354 directivos) para ahorrar cinco millones de euros. Para ello unifica la dirección de hospitales y centros sanitarios.

El Gobierno andaluz interpreta ambas medidas como una continuación de la reducción de cargos públicos anunciada por Griñán para aminorar gasto debido a la crisis económica y financiera. Primero tocó a la administración central, con la unificación de consejerías, desapareciendo tres de la pasada legislatura. Luego la periférica, con otra disminución de la mitad de las delegaciones. Y ahora toca al sector público.

Armonización de salarios

La eliminación de puestos intermedios sucede a otras medidas reductoras de emolumentos, entre ellas la armonización de salarios de los puestos directivos tanto de la Administración general como de las empresas públicas y que los de estas no cobren más que el presidente de la Junta, circunstancia que se daba en numerosos casos. Todo ello se recoge en el Plan de Ajuste de Medidas Económicas y Financieras aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de mayo para garantizar que Andalucía no sobrepase el objetivo del déficit público marcado para este año, el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Varias de las medidas responden a los decretos del Gobierno central de aumentar la jornada laboral de los empleados públicos y rebajar sus salarios.

La reducción última de directivos en los entes empresariales de la Junta coincide, no obstante, con las presiones del Gobierno de Rajoy para que las comunidades adelgacen su sector empresarial, sobre todo si como Andalucía se ha acogido al rescate del Fondo de Liquidez Autonómica. En realidad es una de las condiciones, como no se cansa de repetir el Partido Popular en Andalucía.

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado por activa y por pasiva que la Junta no va a emprender otra reestructuración del sector público porque esta ya se acometió en 2010 con la reducción de 111 entes, proceso que culmina a final de este año con la supresión de 95 consorcios locales. Aguayo insiste en que el sector, que da empleo a 24.000 personas, no va a «redimensionarse» otra vez.

Pero al mismo tiempo, la consejera ha anunciado que en las cuentas públicas que prepara para 2013 los entes instrumentales recibirán menos dinero para su financiación, lo que deja en manos de las consejerías de las que dependen las medidas «de restricción presupuestaria» que consideren más oportunas, siempre con la máxima de preservar puestos de trabajo. Elena Cortés ha sido la primera en aplicarse el cuento.

La Junta de Andalucía considera como propios 124 entes instrumentales que dependen de su Presupuesto (agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios). Pero la cifra es mucho mayor a efectos del Ministerio de Hacienda, que incluye las diez universidades y otras fundaciones o empresas participadas por la Junta. En definitiva, también dependen del Presupuesto autonómico.

Transferencias

En el ejercicio 2012 la previsión de financiación presupuestaria de los entes que la Junta considera como propios asciende a 3.322 millones de euros, en concepto de transferencias y subvenciones, según se recoge en la Ley de Presupuestos de este año. No se recoge el montante global del resto.

La consejera ha anunciado un Presupuesto «restrictivo» por la situación económica, que prevé un crecimiento negativo de más del 1% del PIB (aún sin concretar). Pero la gran espada de Damocles para el próximo ejercicio será la obligación de cumplir con un objetivo de déficit público del 0,7% del PIB, si el Gobierno no cede y flexibiliza este margen como desean las comunidades autónomas. El Gobierno andaluz lo ha calificado de «injusto». El incremento de la capacidad de endeudamiento dos puntos hasta el 15% supondrá un respiro de 2.700 millones de euros para el departamento de Aguayo, pero todas las fuentes gubernamentales avisan de lo peor. Serán unas cuentas duras. Si el pasado año fueron las inversiones las que sufrieron el mayor tijeretazo, todas las miradas apuntan esta vez al sector público empresarial.

Hasta ahora solo se ha dado a conocer que el empleo y el sustento de los servicios públicos del llamado estado del bienestar (educación, sanidad y dependencia) serán los luminosos de un presupuesto que se prevé parecido en cuantía al de 2012, que se aprobó en 32.000 millones de euros, pero al que se le sisó 2.700 millones con el plan de ajuste aprobado en mayo.

El empleo es una obsesión para el Gobierno de una comunidad que puede llegar el próximo año al 35% de su población activa en paro, según los analistas económicos. El consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, ha emplazado a las restantes consejerías a centrar sus programas en la creación de empleo. Izquierda Unida quiere que esto se traduzca en más fondos para los planes de políticas activas, como el plan de obras en colegios para parados (plan OLA), el de arreglos de caminos o el de rehabilitación de viviendas. Todos ellos dotados con 200 millones de euros. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, habla de presupuestos «solidarios» en respuesta también a un acuerdo con IU para reforzar el salario social para familias sin recursos.

Si bien la Junta quiere que las políticas de empleo sean la seña de identidad de las futuras cuentas autonómicas, las primeras del Gobierno de coalición PSOE-IU, este se topa con una paradoja, la de no poder asegurar que se puedan preservar los puestos de trabajo de la propia Administración autonómica.

¿De qué otra forma puede recortarse gasto en el sector público? ¿Será suficiente con la reducción o despido de los directivos intermedios? «No puedo contestar por centros que no son de mi competencia», ha dicho Aguayo. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ya ha advertido de que sería «una contradicción» no predicar con el ejemplo. IU, no obstante, admite como el PSOE, que la finalidad es preservar «el mayor empleo posible», pero no descarta despidos.

Hospitales y hoteles

Hasta el PP, que tiene recurrida a los tribunales las normas de reestructuración del sector público por considerar que se colaba por la puerta de atrás de la función pública a «enchufados» del PSOE, ahora pide que se preserve el mayor empleo posible. «Hay margen para reducir sin afectar a los trabajadores», manifiesta Alicia Martínez, vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP -A.

La consejera de Presidencia ha dado una pista: «No puede tener el mismo tratamiento, por ejemplo, el hospital de la Costa del Sol o el Infoca que otro tipo de servicios que en este momento tienen un porcentaje de carga de trabajo bastante inferior». Y es que el entramado de las empresas públicas entran actividades tan dispares como las de Canal Sur, varios hospitales, el servicio de emergencias sanitarias, la Fundación Baremboin-Said, consorcios de transportes, los metros o el apartahotel Trevenque de Sierra Nevada. (Listado en la web de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas).