Interior pretende prohibir que los ciudadanos graben a los policías en la calle

El Gobierno quiere embarcarse en otra reforma más que polémica. El Ministerio del Interior va incluir en la inminente reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana la prohibición de «captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando». En principio -explicaron fuentes del Ejecutivo-, la prohibición iría dirigida a particulares y no a medios de comunicación, si bien el texto debe pulirse, ya que hay medios alternativos en internet cuya categorización no está aún clara.

La idea inicial del Ejecutivo era promover la reforma únicamente para incluir sanciones para los ciudadanos que se manifiesten con el rostro cubierto. Sin embargo, los altercados del pasado 25 de septiembre durante la protesta 'Rodear el Congreso', que terminó con decenas de heridos y detenidos, han hecho replantearse a Interior su intención e introducir también sanciones para los que graben a los policías. Unos castigos -explicaron fuentes del Gobierno- que en cualquier caso serán siempre económicos (multas) y no de cárcel, ya que no se va a introducir modificación alguna en este sentido en la reforma del Código Penal también marcha.

Las cargas de Atocha

Durante los disturbios del 25S no solo los medios de comunicación y la propia Policía grabaron los sucesos. Decenas de ciudadanos, a través de sus teléfonos móviles y otros dispositivos, registraron los altercados, que apenas minutos después estaban en las redes sociales. Entre las imágenes que arrasaron en internet estaba la de la polémica intervención de los antidisturbios en los andenes de la estación de Atocha, de la que supo la opinión pública solo por las grabaciones ciudadanas.

Interior, que asegura que la reforma nada tiene que ver con la actuación de Atocha y sí con la difusión masiva de los rostros plenamente identificables de decenas de agentes, arguye que su propósito exclusivamente es garantizar la intimidad de los agentes, ya sea en su ámbito familiar como laboral. Se trata de «buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad», explicó el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que fue quien ayer, por sorpresa y ante un foro sindical de funcionarios y policías, anunció la modificación.

Cosidó enmarcó la reforma en un contexto de «incremento de la violencia contra la Policía» y de la existencia de «una cultura de la violencia que mina las bases de una sociedad democrática». El director general, que recordó que solo en el aniversario del 15M más de 70 agentes resultaron heridos, cree que la modificación de la ley orgánica es un «paso al frente» para dotar de más seguridad el trabajo de la Policía «desde la legalidad y el estricto cumplimiento del estado de derecho». «Solo desde el reconocimiento de la inmensa labor de las fuerzas de seguridad es como podremos progresar en el logro de una sociedad mas justa, más segura y pacífica», apostilló.

Interior, a pesar del anuncio, sabe que esta reforma tiene «aristas», que deberán limarse antes de que el anteproyecto puedan llevarse un varapalo en el Poder Judicial o en el Consejo de Estado. El principal escollo a la prohibición es que la propia Constitución, en su artículo 20.1, establece el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

Los juristas del Gobierno, que quieren recoger algunas de las limitaciones que incluye la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor de 1982, recuerdan que la actual norma de seguridad ciudadana, en su artículo 19.1, ya faculta a los agentes a «ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales», como en este caso sería un teléfono móvil y las imágenes captadas si el agente sospecha que van a ser usadas con un fin ilícito.

El SUP, mayoritario en el cuerpo, tachó el anuncio de «voluntarista», ante la «imposibilidad» de prohibir la grabación «dada la sociedad tecnológica en que vivimos».