El Estado tardará años en disponer de la fortuna

11,6 millones en efectivo, 600.000 euros solo en diamantes, 202 coches de lujo y productos bancarios, activos y bienes de 122 personas físicas y 235 jurídicas cuyo valor es, por el momento, incalculable, pero que sin duda ascenderá a decenas de millones de euros. No son cifras, ni mucho menos, determinantes para la economía y los Presupuestos de un país como España, pero tampoco, y mucho menos en tiempos de crisis, son cantidades desdeñables.

Sea mucho o sea poco, el problema es que Hacienda, la mayor víctima de la trama de Gao Ping, no podrá disponer de esta fortuna hasta, como mínimo, dentro de cuatro años y solo si los detenidos son declarados culpables.

El dinero en efectivo ya ha sido ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de la Audiencia Nacional en la que solo tiene firma el juez Fernando Andreu. Pero nadie podrá tocar ese dinero, ni siquiera el instructor de la Audiencia Nacional, hasta que el tribunal dicte sentencia condenatoria y ésta sea confirmada por el Tribunal Supremo.

Lo del dinero en efectivo es, con mucho, lo más fácil de recuperar. Incluso disponer, siempre que haya una sentencia firme, de las cantidades que haya en las cuentas no será complicado dentro de unos años. El tema de los lujosos vehículos incautados, con un valor cercano a los diez millones de euros, es mucho más complicado. Todos estos automóviles han pasado ya al Fondo de Bienes Decomisados. La única posibilidad de que el Estado se beneficie a corto plazo de esos coches es que alguna institución, como la propia Policía, solicite al juez su utilización y éste la conceda. El problema, explicaron responsables de Interior, es que los vehículos de la operación Emperador -entre ellos varios Porsche, Ferrari y Chevrolet Corvette- son «muy de lujo» y no tienen utilidad alguna para la Policía o, si la tienen, como es el caso de los todoterrenos, su mantenimiento es demasiado caro y exclusivo para las maltrechas arcas del Estado, que solo puede permitirse adquirir repuestos al por mayor en concursos negociados.

Peticiones infructuosas

Los responsables del Ministerio del Interior, sea el partido que sea el que esté en el Gobierno, siempre han reclamado un cambio legislativo para poder subastar este tipo de bienes (coches, inmuebles, joyas y, sobre todo, embarcaciones) aunque no haya una sentencia firme porque su valor baja constantemente por su deterioro y la falta de uso, y porque su mantenimiento, almacenamiento o custodia -en el caso de las joyas- son costosísimos.

Pero hasta ahora, no ha habido reforma y las cifras dan buena cuenta de ello. El Plan Nacional sobre Drogas tuvo el año pasado que destruir el 44% de los 2.134 bienes incautados a narcotraficantes. La Administración se vio forzada a achatarrar 250 vehículos y 58 embarcaciones, valorados en varios millones de euros, y que antes de ser destruidos ya costaron decenas de miles de euros en gastos de depósito, sobre todos los amarres de los barcos.