Varios proveedores confirman que Nóos falsificó facturas

El Instituto Nóos pudo presentar facturas falsas al Gobierno valenciano para cobrar parte del convenio sobre los fallidos Juegos Europeos. Eso es lo que cree el fiscal del caso Urdangarin, Pedro Horrach, y lo que declararon ayer en Barcelona ante el juez José Castro al menos dos proveedores de la entidad sin ánimo de lucro que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Aunque el abogado del yerno del Rey negó este extremo -«que yo sepa, no se han falsificado facturas», afirmó Mario Pascual- fuentes judiciales relataron que dos de los proveedores de Nóos manifestaron que realizaron unos trabajos que no se correspondían con la preparación de los Juegos Europeos que impulsó la Generalitat valenciana, cuando en realidad la entidad presidida por Iñaki Urdangarin giró las facturas al gobierno autonómico por ese concepto.

En 2006, Nóos facturó 382.000 euros al Gobierno valenciano por unos trabajos de asesoría, que consistieron en unos informes sobre los contactos que mantuvo el instituto sin ánimo de lucro con las distintas federaciones deportivas europeas para sondearles sobre la necesidad de que se crearan unos Juegos Europeos, que finalmente no vieron la luz.

Según las misma fuentes, el juez del caso Urdangarin ha citado entre ayer y hoy a 58 testigos en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para tratar de aclarar diferentes facturas y los convenios que Nóos estableció con los gobiernos de Baleares y Valencia. Todos los comparecientes tuvieron alguna relación profesional -proveedores de comunicación, publicidad, diseño o asesoría- con el Instituto Nóos, que entre 2004 y 2006 captó 5,8 millones públicos de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares.

Al cierre de esta edición, se esperaba la comparecencia de Carlos Masiá, el notario barcelonés que firmó la constitución de la inmobiliaria Aizoon, que compartían Urdangarin y la infanta Cristina.

Se trata de la tercera ronda de declaraciones que el juez Castro realiza en Barcelona y, según su propia intención, la última, ya que para fin de año quiere tener terminada la instrucción del caso.

No obstante, a pesar de la premura del instructor, Castro sigue a la espera del resultado de las comisiones rogatorias y del informe de Hacienda sobre el dinero defraudado para poder cerrar el sumario.