Los jueces dudan de la legalidad de la reforma penal de Gallardón

Al proyecto 'estrella' de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio de Justicia le aguarda una tortuosa tramitación. El Consejo General del Poder Judicial cree que la ambiciosa reforma del Código Penal que prepara el Gobierno, y en particular el endurecimiento del texto para los delitos más graves, puede colisionar con la Constitución. Son varios los vocales del órgano de gobierno de los jueces, y no todos progresistas, los que apuntan que, al menos, dos de los ejes centrales de la reformal, la cadena perpetua revisable para terroristas y grandes delincuentes y la custodia de seguridad, podrían violar el artículo artículo 25 de la Carta Magna que establece que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados.

El preceptivo informe del Consejo del Poder Judicial al anteproyecto aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros se demorará todavía varias semanas, pero su portavoz dejó ver a las claras que el borrador levanta ampollas. «No se puede utilizar el derecho penal para dar respuesta a asuntos concretos que han tenido determinados intereses mediáticos», dijo Gabriela Bravo.

«Algunas figuras tienen mal encaje con la constitución y me preocupa enormemente», explicó la portavoz en referencia a la cadena perpetua revisable -la prisión permanente que se reestudiará tras un cumplimiento mínimo de 25 años y un máximo de 35- y la custodia de seguridad -el alargamiento hasta diez años la reclusión si se mantiene la «peligrosidad» del penado-.

En consonancia con el Consejo General de la Abogacía Española, que también presentará alegaciones al anteproyecto, Bravo señaló que estos «conceptos» tienen «mal encaje en la Constitución». Y denunció que, incluso antes de esta reforma que no cree ni «oportuna» ni «necesaria», España ya tenía el Código Penal «más duro de toda Europa» y la mayor colonia penitenciaria del viejo continente. «Los problemas de la sociedad española no se pueden resolver aumentando las penas», insistió, antes de ahondar en los aspectos de estas medidas que cree inconstitucionales: la negación de la función resocializadora que reconoce la Carta Magna a todas las penas e «indeterminación del tiempo» de las condenas.

Ruiz-Gallardón acusó el golpe y tardó apenas unas horas en salir a la defensa de su proyecto, aunque sin citar directamente a Bravo. El ministro garantizó que, aunque «algunos juristas puedan molestarse», no permitirá que haya más casos como el de José Bretón, a quien solo se le podrá imputar el asesinato de sus hijos si sus cuerpos aparecen.

El titular de Justicia, que rechazó hablar de más «dureza», arguyó que su reforma es indispensable porque hay delitos que tienen una «pena absolutamente insuficiente» tanto para el «mundo jurídico» como para la «sociedad».

Solo consultivo

Sobre las críticas concretas de la portavoz del Poder Judicial sobre la supuesta inconstitucionalidad de varios aspectos de la reforma del Código Penal, Ruiz-Gallardón restó valor a esas apreciaciones y recordó que lo único válido será lo que diga el dictamen del pleno del Consejo. En cualquier caso, el ministro, que recordó que ese informe es preceptivo pero es solo consultivo, dijo que ni siquiera contempla la «hipótesis» de que el Constitucional echara por tierra aspectos como de la prisión permanente revisable porque, en cierta forma, el Consejo de Estado, también órgano consultivo, ya dijo que era constitucional cuando el Ejecutivo le preguntó sobre la legalidad de los convenios internacionales suscritos por España en los que se aplica este tipo de pena a ciudadanos españoles en el extranjero.

Particularmente molesto se mostró el ministro con las acusaciones de Bravo de legislar a golpe de titulares. «Es muy fácil decir que no hay que legislar en caliente, pero ¿qué hay que hacer cuando los hechos constatan la insuficiencia de la ley?», se preguntó el ministro. «¿Qué tiene que hacer el legislador y el Gobierno que es a quien corresponde el impulso legislativo? ¿Abstenerse?», volvió a inquirir.