El Gobierno baraja cambiar el índice de referencia para revalorizar las pensiones

El Gobierno baraja cambiar el indicador de referencia utilizado para calcular la revalorización de las pensiones. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez-Latorre, dejó entrever ayer que el Ejecutivo podría sustituir para este menester el Índice de Precios al Consumo (IPC) general por el Índice de Precios al Consumo Armonizado a Impuestos Constantes (IPCA-IC), que no tendría en cuenta el efecto sobre los precios de la subida del IVA.

Jiménez-Latorre aseguró que la decisión de revalorizar las pensiones habrá que tomarla «cuando se tenga toda la información relevante» y en función de cómo evolucionen el IPC y la ejecución presupuestaria. Y «el indicador de referencia habrá que decidirlo en ese momento», declaró al ser preguntado por la posibilidad de que la actualización no se realice conforme al procedimiento habitual.

La tasa anual de inflación general se situó en septiembre en el 3,4% tras subir siete décimas por el incremento de gravámenes del IVA, mientras que el IPCA-IC bajó 1,2 puntos, hasta el 1,4%, dos puntos menos. Casualidad o no, el INE comenzó ayer a difundir los resultados del IPCA-IC para el mes de referencia. Hasta ahora, los datos se publicaban con un mes de retardo.

El cambio en el índice de referencia, que requeriría una modificación legislativa, permitiría a la Seguridad Social ahorrar unos 2.000 millones de euros a finales de este año y otros 2.000 millones en 2013. El Estado haría esas economías a costa de no compensar a los jubilados la pérdida de poder adquisitivo por la subida desmedida de precios.

La ley, en su actual configuración, obliga a resarcir a los pensionistas por la desviación del IPC sobre el estimado por el Gobierno a comienzos de año, que fue del 1% para 2012. Y la tasa de referencia es la de noviembre. Cada décima que marca la inflación sobre el objetivo en el penúltimo mes del año acarrea al Estado un desembolso de unos cien millones de euros, que además se consolidan en las pagas del año siguiente.

Previsión pulverizada

A estas alturas de año el IPC (3,4%) pulveriza la previsión oficial y amenaza con disparar en 4.800 millones la factura de las pensiones. La mitad de esa cantidad se abonaría a los jubilados mediante una paga compensatoria a finales de año, y la otra mitad repartida en las de 2013. Pero con el IPCA-IC como referencia (1,4%) el desvío serían solo 4 décimas y la factura se reduciría a 400 millones de euros este año y otros 400 millones el próximo.

La medida requeriría una modificación legal, que el Gobierno podría introducir mediante decreto-ley o en la ley de acompañamiento al presupuesto. El secretario de Estado garantizó que cualquier decisión que tome el Gobierno en ese sentido tendrá «cobertura legal». En cualquier caso, Jiménez Latorre insistió en que «habrá que esperar a noviembre».

A falta de conocer lo que pueda ocurrir este mes y el siguiente, las grandes organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, alertaron de que la escalada de precios derivada de la subida del IVA aún no ha tocado techo y podría acentuarse en los meses venideros.

Las patronales destacan que el repunte de siete décimas que marcó la inflación en septiembre, y que elevó la tasa anual del IPC al 3,4%, «podría haber sido mucho mayor si las empresas hubieran trasladado el efecto total de la subida de impuestos a los precios finales».

CEOE y Cepyme explican en un comunicado que el impacto total del incremento fiscal que entró en vigor el pasado 1 de septiembre aún no se ha notado en los precios porque «una gran parte de la subida del IVA se ha descontado de los márgenes empresariales».

Los empresarios reconocen que la entrada en vigor en septiembre de los nuevos tipos de IVA, que suponen un incremento de tres puntos en el gravamen general (del 18% al 21%) y de dos puntos en el reducido (del 8% al 10%), es uno de los factores causantes de la fuerte subida del IPC de septiembre. El resto del incremento se explicaría, sobre todo, por la exclusión de medicamentos del Sistema Nacional de Salud y la subida de los precios regulados de productos energéticos como el gas y la electricidad.

La evolución de septiembre ha llevado a la inflación hasta su cota más alta desde mayo de 2011. También la inflación subyacente (que excluye del cómputo los productos más volátiles como la energía y los alimentos frescos) experimentó una aceleración de siete décimas, hasta el 2,1%.