Justicia abre una oficina para los casos de bebés robados

Los cientos de afectados por los casos de bebés robados en toda España tendrán una oficina en Madrid. El Ministerio de Justicia ha habilitado un local en la calle de la Bolsa, detrás de la Puerta de Sol, para asistir a los familiares que busquen a sus hijos o los hijos que busquen a sus padres o hermanos. El local se pondrá en marcha en tres meses y facilitará datos a los afectados que les permita investigar su pasado y conocer si fueron vendidos a otras familias.

La oficina tendrá un fichero dedicado a almacenar los datos personales de los denunciantes, si así lo consideran, y el ministerio aportará información administrativa que facilite la investigación. Justicia ha llegado a un acuerdo con la Agencia de Protección de Datos para garantizar la confidencialidad de la información que aporten las víctimas, según anunció el ministro Alberto Ruiz-Gallardón tras reunirse con las asociaciones de afectados.

El servicio de información estará disponible para cualquier persona que tenga indicios de posibles supuestos de sustracción de recién nacidos. Los interesados deberán aportar sus datos identificativos, así como todos aquellos que estén sus manos y que sean relativos al nacimiento y las pruebas genéticas que se hayan podido realizar.

Una aplicación informática les permitirá informarse del estado de tramitación de su caso, además de introducir los datos necesarios para crear un censo. Para evitar que los denunciantes se desplacen a Madrid, el ministerio facilitará que en las diferentes sedes autonómicas se ponga en marcha una especie de 'antena' para acceder a los datos de la oficina principal.

Asimismo, los afectados podrán acceder al Instituto Nacional de Toxicología, que centralizará los perfiles genéticos realizados por otros laboratorios ajenos con el objetivo de incorporarlos a una base de datos única.

Se podrá cotejar y verificar sin coste para los interesados la existencia de compatibilidades genéticas entre los afectados, aunque en el supuesto de que se requieran nuevos análisis para contrastar los resultados, los afectados tendrán que sufragar su coste que es de unos 200 euros en un centro privado. Fuentes ministeriales justificaron que no hay presupuesto para este segundo análisis.