Intereses unidos para retrasar el rescate

Los todopoderosos ministros del Finanzas del Eurogrupo se reúnen hoy en Luxemburgo sin que una urgente operación de rescate de España figure en su agenda. En el orden del día se abordan las reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy y el examen preliminar de las cuentas públicas que ha presentado, junto al lanzamiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Pero la acción de salvamento frente a los ataques que encarecen la financiación a las administraciones públicas y las empresas españolas no será inminente, según afirman diversas fuentes. Muchos intereses coinciden en apostar por el retraso.

El Ejecutivo de Madrid argumenta que quiere conocer «hasta las últimas consecuencias» las condiciones de una nueva ayuda. Le viene bien resistir hasta que pasen las elecciones gallegas y vascas, avanzar un poco en la reestructuración financiera y hacer piña, entre tanto, con otros países del sur. La canciller alemana Angela Merkel estaría bloqueando una actuación urgente para no tener que someter al Parlamento germano sucesivos proyectos de socorro a los socios europeos, uno detrás de otro, por el desgaste político que estas peticiones de ayuda podrían suponerle.

Menor deuda. En La Valeta, el pasado viernes, Rajoy consiguió que tanto el presidente francés, François Hollande, como los primeros ministros de Italia y Portugal, Mario Monti, y Pedro Passos Coelho, respectivamente, prestaran firma apoyo a su propuesta de acelerar los primeros pasos de la unión bancaria, para que la institución del supervisor único esté funcionando el 1 de enero. A España le permitiría la capitalización directa de los bancos con fondos comunitarios y rebajar la deuda asumida por el rescate financiero, 30.000 millones de euros en el actual ejercicio. Los intereses de Berlín, y también los de Holanda y Finlandia, son contrarios a la socialización de los débitos de los países periféricos. Y sus tesis han encontrado eco en los funcionarios del Eurogrupo: para que el supervisor financiero sea plenamente operativo ha de estar validado por una institución independiente como la Autoridad Bancaria Europea (EBA) o el Fondo Monetario Internacional, lo que no puede darse en tan breve plazo.

Alternativas. Desde Bruselas se ha filtrado la posibilidad de que, una vez puesto en funcionamiento, el Mecanismo Europeo de Estabilidad pueda avalar hasta un 30% de las emisiones del Tesoro español o de otros países vulnerables. Es una de las opciones que en su día se atribuyeron al fondo de rescate permanente y reúne las ventajas de no suponer un desembolso y encajar bien con las aspiraciones de España de limitar el auxilio a una línea preventiva de crédito. Pero también en este caso sería necesario firmar un nuevo pliego de condiciones a cumplir, y no habría forma de evitar el impacto que supone el establecimiento de un cortafuegos frente al riesgo de impago. Sin duda las agencias de rating lo reflejarían en sus calificaciones de la deuda, y la deuda ya emitida sufriría consecuencias no deseables.

Por el BCE, que no quede. Mientras tanto, el Banco Central Europeo ni se inmuta. Continúan los preparativos del programa de compra de bonos de hasta tres años de plazo en mercados secundarios. Bautizado como OMT -el Banco de España le llama, traducido, Transacciones Monetarias al Contado, es decir, TMC-, ya tiene perfilado un diseño en el que se ha previsto el sistema de control para verificar si un país cumple los requerimientos. Las adquisiciones se llevarán a cabo de forma masiva durante uno o dos meses, y se suspenderán a continuación para dar paso a una etapa de valoración de las necesidades, pero sobre todo de los cumplimientos.

La prima se frena. Desde que Draghi anunció su disposición a actuar, previa demanda condicionada de los estados, las exigencias de rentabilidad de los inversores para comprar deuda soberana española de largo plazo se han reducido un poco, y la alarmante escalada de la prima de riesgo se ha detenido. Los 400-450 puntos básicos de diferencial entre las obligaciones españolas a diez años y el bono alemán del mismo plazo son insostenibles en el ámbito de una moneda común, y no reflejan la distancia entre las realidades económicas de los dos países, que los expertos cifran en una penalización para España que podría estar en torno a los 200 puntos. La colocación de títulos del pasado jueves abrió camino al optimismo porque hay inversores internacionales que «están volviendo».

Otros obstáculos persisten. Pero los mercados apenas se han entreabierto y su escasa disposición a financiar a empresas privadas españolas ha llevado a las compañías más grandes a explorar más allá de las emisiones directas de deuda privada corporativa.