Los ecologistas temen por las zonas inundables y las salinas

Los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado ayer en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas. La reforma normativa incide directamente en el litoral gaditano, donde hay centenares de construcciones ilegales, sobre todo, en los municipios de Barbate, Tarifa y Vejer. Además, favorece la actuación en zonas de dominio público marítimo terrestre, como es el caso del polígono de Las Aletas.

Cabe recordar que la Junta ya elaboró un decreto a primeros de 2012 mediante el cual indultaba también a unas 40.000 viviendas clandestinas de la provincia de Cádiz. Solo quedaban fuera del decreto las que se encontraban en zonas inundables y en suelo protegido.

La nueva norma de Costas ha primado, por un lado, la tranquilidad de los inquilinos y, por otro, el desarrollo empresarial.

Ante esta nueva situación urbanística serán amnistiadas en España un total de diez barriadas históricas situadas, entre otras provincias, en Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría) y Málaga (El Palo y Pedregalejo).

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido «debidamente» sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y ha creado «inseguridad jurídica».

La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas y además ha destacado que la Comisión Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto. Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma.

La nueva norma, aseguró por su parte el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el jerezano Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero «no es una amnistía de situaciones ilegales».

El proyecto, valorado por la Comisión Europea por la seguridad jurídica que da a los propietarios extranjeros pero criticada por las ONG, amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles..) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.

Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era solo de uno. Se estima que solo en Andalucía, tanto los fijos como los desmontables generan más de 40.000 empleos

La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018. La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura. Así por ejemplo, y entre otras, serán beneficiados todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo Empuriabrava (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.

La aprobación de la nueva Ley de Costas no ha sentado bien a la organización de Ecologistas en Acción. Su portavoz en la provincia, Lola Illescas, ha destacado que se trata de de una ley elaborada «de forma arbitraria y sin criterio». Entiende que su repercusión en el litoral gaditano será impactante, ya que la norma modifica los criterios de actuación sobre el dominio público marítimo terrestre. Este es el caballo de batalla de la organización que denuncia como la nueva norma reconoce que el dominio público desaparece en aquellas áreas que ya cuentan con la intervención del hombre, como es el caso de las salinas. En opinión de Illescas, el Gobierno ha privatizado parte del litoral. Indica que abre la puerta al proyecto de Las Aletas, sobre todo, en el espacio que hasta ahora estaba vetado de la zona de dominio público. La portavoz ecologista denuncia también como la norma abre la mano a los chiringuitos y permite su ampliación.